(PR/Norma Migueles) La diputada provincial del partido Socialista, Lionella Cattalini, presentó este jueves, en la Justicia Federal de Rosario, una denuncia formal contra el juez federal Marcelo Bailaque en la que solicita una investigación sobre posibles delitos que se habían ventilado tiempo atrás.
La legisladora solicita que se analice la participación del magistrado en una presunta red criminal y de corrupción vinculada con Esteban Lindor Alvarado y el contador Gabriel Mizzau, quien, además de manejar los balances de las empresas de Alvarado, también tenía como cliente al propio juez Bailaque.
Cabe destacar que, en abril de este año, el Consejo de la Magistratura dio lugar a una denuncia realizada en 2022 abriendo un sumario contra Bailaque. El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe lo había denunciado por obstaculizar la investigación contra Alvarado desde 2013.
Rechazado
Marcelo Bailaque es el juez federal que en octubre de 2016 rechazó y devolvió al menos 15 causas sobre actividades relacionadas con narcomenudeo y narcotráfico que había investigado el entonces fiscal de Rufino Mauricio Clavero y que fueron presentadas en su juzgado.
Lo más gravoso es que no sólo se descartaron las investigaciones sino que, además, según denunció Clavero, «hubo filtración de información acerca de personas acusadas».
Clavero investigaba, a pedido de los propios vecinos, la venta y uso de porros «nevados o marmolados» que estaban contaminando a los jóvenes y adolescentes de esa ciudad, quienes creían consumir cigarrillos de marihuana, pero, secretamente, esta sustancia estaba mezclada con cocaína «para provocar una mayor adicción» en quienes los consumían.
Sin embargo, Bailaque desestimó la investigación que contenía por lo menos 15 denuncias.
Investigado
Mientras tanto, las comunidades del sur santafesino siguieron agobiadas por la presencia de varios grupos que traficaban drogas y atentaban contra la salud y también la seguridad, como se pudo ver con el paso de los años con las «balaceras» y las disputas territoriales que llegaron hasta el homicidio de personas y que hace muy poco tiempo se pudieron contener.
En forma paralela. la sorpresa e indignación de vecinos y hasta la dirigencia política se hizo sentir al tomar estado público de que, por orden del entonces fiscal regional Alejandro Sinópoli, Mauricio Clavero, sería investigado y se le abriría un sumario por haberse «excedido en sus funciones», argumentando que realizó una denuncia que no correspondía a sus tareas.
La investigación estuvo a cargo de Matías Merlo, en esos años fiscal de Melincué, quien concluyó que «Clavero no había cometido delito», ya que luego de recibida la orden de no avanzar en sus investigaciones, se retiró.
Apoyo
Tanto la comunidad de Rufino, como el arco político del sur santafesino, diputados y el senador departamental dieron un contundente apoyo al fiscal Clavero, rechazando la medida de Sinópoli, quien admitió que la adoptó haciendo uso de sus atribuciones, medida de la cual desligó responsabilidad al fiscal general Julio de Olazábal a través de un comunicado.
Curiosamente, apenas asumió el gobernador Maximiliano Pullaro, quien fue ministro de Seguridad en esos años, envió a la legislatura y se aprobó la Ley de Microtráfico que vuelca en los fiscales la tarea que, en soledad y desafiando las estructuras vetustas del poder judicial, realizó quien era entonces el fiscal de Rufino.
