La presentación de un proyecto para colocar 54 cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad que realizó el concejal de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, reavivó el debate en torno a las políticas de seguridad, la responsabilidad del gobierno provincial y el enfoque en las decisiones políticas. El planteo tiene como argumento la prevención del delito y el mayor control, sin reflexionar demasiado en torno al espacio público y los modos de relación que se dan en los distintos territorios de la ciudad.
“Desde el año 2013 venimos pagando al mantenimiento del sistema de videovigilancia. Esto representa más de 4.600.000 pesos, sin embargo, no vemos que se haya mejorado o ampliado”, afirma Chiarella. La ordenanza que establece la colocación de los dispositivos fue sancionada en 2012 y promovía la instalación de 32 cámaras.
“Cuando discutimos el presupuesto 2016, aparte del 8% establecido, creamos una partida de 3.500.000 para sumar. 
Con ese dinero, planteamos comprar las 54 cámaras. Se colocarán por etapas, la idea es que en el transcurso del año se coloquen esas cámaras. Lo que nosotros establecemos cuánto dinero va a ingresar y en qué se va a gastar, y hay fondos que no se tenían previstos”, agrega el joven referente radical.
En cuanto a la coordinación de acciones con el Ministerio de Seguridad para la determinación de los lugares donde estarán ubicadas las cámaras, el concejal explica: “el Ministerio de Seguridad no se encarga de decirle a los Municipios dónde poner las cámaras. Eso lo decide el propio Municipio. Nosotros hacemos una propuesta. Tenemos un equipo técnico y recorremos los barrios y los vecinos nos dicen acá necesitamos una cámara. Nosotros hacemos una propuesta, la ordenanza plantea que la propuesta se puede modificar. En 2014 Freyre planteó que su objetivo es llegar a 100 cámaras. Nosotros proponemos sumar 54”.
