El comienzo de las clases previsto para el 26 de febrero está atado al avance en la paritaria docente. Desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Rosario reclamaron que el gobierno provincial cancele las subas acordadas para 2023 y establezca una oferta salarial para este 2024.
“No se cobró la deuda del 2023, no se pagó el 14% anunciado por el gobierno provincial, no hay fecha para el pago del 22% restante y no hay propuesta salarial 2024. Si las clases no empiezan no será culpa de los sindicatos”, afirmó Martín Lucero, secretario general de Sadop. A 8 días hábiles para la fecha de inicio del ciclo lectivo 2024 prevista por el gobierno provincial, las y los docentes de la educación privada exigen el cobro inmediato del 36% de aumento que deberían haber cobrado los primeros días de febrero y además, exigen una oferta salarial para 2024. «La situación es muy compleja, quedan 8 días hábiles para el día de comienzo de clases, en una dilación de tiempos que nos pone muy cerca del no inicio de clases y aún no tenemos una convocatoria específica a una mesa paritaria”.
Lucero, acusó al gobierno de convocar a los docentes el pasado 4 de enero y a pocos días del 26 de febrero no tener una propuesta de pago para este ciclo lectivo. “En el mes de diciembre y ante la primera convocatoria a paritaria hicimos pública nuestra preocupación de que no se citara a un encuentro para la foto. El segundo encuentro fue 20 días después para notificarnos que no se iba a pagar lo acordado como política salarial 2023 y en el tercer encuentro asumieron el compromiso de pago de un 14% (del 36 que adeudan) que nunca cumplieron. El tiempo nos dio la razón: fueron encuentros para la foto sin una sola propuesta de mejora salarial”.
El 7 de febrero pasado, en resoluciones acordadas en Congreso Provincial de las seccionales Santa Fe y Rosario se fijó como primer punto exigirle al gobierno provincial una propuesta salarial y un cronograma de pago para lo adeudado que pueda ser sometido a votación de la docencia, como condición de inicio del ciclo lectivo.
En segundo término, solicitarle al gobernador y sus legisladores nacionales, que claramente se expresen contra la educación como “servicio esencial” que proscribe el derecho a huelga.
