(Pedido de publicación del diputado Darío Mascioli) En el convencimiento que el combate del narcotráfico no es privativo de uno u otro estamento del Estado, sino que se trata de un compromiso que se debe asumir, cada uno con las herramientas que dispone, desde el estado municipal, provincial o nacional, es que el año pasado presentamos un proyecto de ley, en que propendíamos la transferencia de responsabilidades en el control de la venta estupefacientes en pequeñas cantidades a la justicia provincial, de forma tal que sean nuestros jueces y fiscales santafesino los que investiguen y den curso a las causas que surjan por estos delitos.
Un proyecto similar, presentado por el senador Rosconi, fue aprobado por el Senado provincial, en diputados estamos tratando nuestra propuesta, y en este contexto ante las muestras de buena voluntad de la Legislatura, no podemos dejar de hacer un llamamiento al Ejecutivo provincial que parece empeñado en seguir protegiendo el delito por sobre el derecho de la sociedad de ver crecer a sus jóvenes libres del flagelo que es la droga.
Hay una realidad que no podemos dejar de mencionar y es que tanto la policía como la justicia federal prácticamente ignoran el narcomenudeo y se abocan a “grandes causas”. Además la distancia se presenta como otro obstáculo al momento de requerir órdenes de allanamiento, que llegan tarde o a destiempo, generando pérdida de recursos y favoreciendo la impunidad de quienes se dedican a la comercialización de estupefacientes. Un ejemplo que no nos cansamos de mencionar es el hecho que ocurrió cuando la policía de Drogas Peligrosas allanó el domicilio de “Totola” Orozco, en Firmat y al ingresar a la vivienda encontró un cartel que decía “sigan participando”, es decir que el factor sorpresa que en estos casos es fundamental no se logra con una conducción de la investigación y una justicia lejana.
La ciudad de Venado Tuerto no es ajena al flagelo de la droga, por el contrario a través de los buzones de la vida ya se recabaron más de 50 denuncias, es por ello que nos hemos reunido con el juez federal Marcelo Bailaque, y los fiscales Adriana Saccone y Mario Gambacorta, para solicitarle que se acorten los términos para otorgar órdenes de allanamiento e inclusive hemos invitado al Dr. Bailaque para que este presente los últimos días de marzo o a principios de abril cuando se abran los buzones de la vida en Venado Tuerto.
La justicia cercana
Por otra parte y si bien coincidimos en la necesidad de controlar el ingreso al territorio santafesino de los grandes distribuidores, también pensamos que resulta cada vez más necesario, que nuestros jueces y fiscales provinciales, que son quienes viven en nuestras ciudades, sean quienes investiguen y sancionen en los marcos que establecen las leyes vigentes a quienes se dedican al narcomenudeo. Esta modalidad (el narcomenudeo) aparece como una nueva estrategia donde la venta está atomizada en quioscos, bunkers y deliverys, pero que tiene un efecto demoledor en el futuro de las familias, de sus niños y jóvenes, que de esta manera tienen fácil acceso a la compra de un producto que, no solo va minando su salud, sino que finalmente los introduce en el mundo del delito ya sea para vender y obtener dinero fácil, como para robar para poder sostener la adicción.
Por eso vemos con buenos ojos las declaraciones recientes del jefe de Gabinete de la Presidencia, Jorge Capitanich, quien argumentó en favor de desfederalizar la lucha contra las drogas durante una reunión con ministros de Seguridad y Justicia de las provincias, paso que pondría finalmente en marcha una ley aprobada en 2005, que transfiere responsabilidades en la represión al narcomenudeo a las policías locales y a los tribunales provinciales. La coordinación de las acciones operativas quedaría en manos del Estado nacional.
También resulta alentador el hecho de que las provincias estarían dispuestas a firmar un compromiso para adoptar la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico si se aseguran partidas económicas nacionales para sostener la actividad extra en sus juzgados.
A modo de ejemplo, cabe recordar que ya hay algunas provincias que aplican esta ley de narcomenudeo:
*En Buenos Aires, ya se aplica la posibilidad de investigar y juzgar el narcomenudeo.
*Córdoba aceptó esa propuesta en 2012 y creó el fuero penal de lucha contra el narcotráfico.
*En Salta se aprobó recientemente la posibilidad de utilizar los tribunales locales contra las drogas.
*Entre Ríos y La Rioja tienen aprobada la adhesión a la ley de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, pero en la práctica aún no se desarrollaron investigaciones locales contra las bandas de vendedores de estupefacientes al por menor.
