El hecho se dio en el marco de un conflicto del imputado con el hijo de una mujer quién recibió las amenazas. Se dispusieron medidas de protección para la víctima y su familia.
Una bolsa con dos municiones y una nota intimidatoria, encontrada en la ventana de una vivienda de Venado Tuerto dio lugar a una investigación que derivó en la imputación de M.O.R. por amenazas calificadas por su carácter anónimo.
La causa se desarrolló bajo la coordinación del Dr. Iván Gastón Raposo, fiscal coordinador de la Persecución Penal de los Delitos contra la Propiedad y Conexos. El Dr. Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación, llevó adelante las diligencias investigativas que permitieron individualizar y localizar al sospechoso.

El episodio ocurrió el 3 de octubre de 2026, en una vivienda de calle España al 1500. Según la imputación, M.O.R. habría colocado en una ventana una bolsa transparente que contenía un cartucho de escopeta calibre 12 y otro calibre 9 milímetros, junto con un papel que llevaba la inscripción «E.M. BASTARDO».
La víctima, N.G.D., de 73 años, encontró los elementos alrededor de las 8:30 y relacionó las iniciales con su hijo, E.L.M. El hallazgo le provocó temor y motivó la intervención policial.
La Fiscalía vinculó el episodio con un conflicto personal de larga data entre el imputado y el hijo de la mujer. Además, la denunciante relató que en diciembre de 2025 el investigado se había presentado en su domicilio y le había manifestado que había sentido deseos de matarla y atropellarla con un automóvil, mencionando también que conocía información sobre su familia.
El trabajo investigativo de Peña incluyó una comunicación con E.L.M., quien reside en el exterior, y la articulación de diligencias con personal de la Comisaría Segunda de Venado Tuerto y de la Policía de Investigaciones de Casilda. Las tareas permitieron reunir información para identificar al sospechoso y establecer su domicilio.
En la audiencia del 7 de octubre, Raposo formuló la imputación y solicitó medidas para proteger a la denunciante y asegurar la sujeción del imputado al proceso. La jueza Andrea Melisa Cavallero dispuso su libertad bajo condiciones, conforme al pedido de la Fiscalía y la Defensa.
Entre las medidas ordenadas se encuentran la prohibición de acercarse a menos de 100 metros o contactar por cualquier medio a N.G.D. y a sus familiares E.L.M. y N.M., la presentación semanal ante el MPA y la prohibición de tener armas de fuego, portar armas de cualquier tipo y tener municiones. También se dispuso un embargo sobre un vehículo como caución.
A pedido de Raposo, la resolución incluyó rondas policiales periódicas en el domicilio de la víctima y la implementación de un botón antipánico, como medidas concretas de protección mientras continúa el proceso penal.















