(PR/Norma Migueles) El fiscal Eduardo Lago, imputó el viernes 29 de diciembre a un efectivo policial que prestaba servicios en Venado Tuerto (actualmente se encuentra con carpeta médica) por enriquecimiento ilícito, portación de arma de fuego y tenencia de material explosivo.
Tras la imputación, el fiscal solicitó una medida cautelar y el juez de la causa Benjamín Révori, impuso la libertad bajo fianza proporcional al hecho investigado. El imputado ofreció una camioneta de su propiedad, importada y de alta gama, por un valor aproximado a los 60 mil dólares. Por otra parte, también quedó en calidad de secuestro el dinero hallado en los allanamientos previos.
Según explicó el fiscal, el sujeto ya estaba siendo investigado desde hace un par de años atrás por enriquecimiento ilícito, pero un hecho llamativo ocurrió el 13 de diciembre pasado cuando en el marco de un operativo personal de Policía Vial detuvo la marcha de un Renault Logan, en el que se transportaba una suma cercana a los 7 millones de pesos. Al respecto, el conductor aseguró que era de un tercero. Como es de rutina y a los fines de establecer la procedencia lícita el dinero quedó en depósito judicial.
En este marco, a los pocos días se presentó el policía ahora imputado reclamando el dinero en representación de una empresa aceitera radicada en la vecina localidad de San Eduardo.
En forma paralela, el fiscal que estaba al frente de la investigación ordenó allanar el domicilio, unas oficinas y la aceitera, donde secuestraron la suma de 18 mil dólares, unos 150 mil pesos moneda nacional, un arma Walther calibre 22 que tenía en un bolso dentro de la camioneta, soportes informáticos y documentación de interés.
Lago indicó que, también durante los allanamientos, hallaron una granada de mano y el investigado argumentó que era un souvenir. “Ante el hallazgo convoqué a la división explosivos para que realice el peritaje sobre el artefacto y al desnaturalizarla se comprobó que contenía explosivos en su interior”, señaló el fiscal.
El funcionario del MPA aclaró que además se solicitó información a la AFIP sobre la aceitera a quien el sospechoso decía representar. Desde la repartición nacional se le informó que se trataba de una empresa en formación.
