Por “gruesos errores jurídicos”: Incongruencias legales fue el argumento utilizado por el Ejecutivo municipal para justificar el veto total (decreto 003/17) a la ordenanza 4864/16, sancionada por el Concejo el pasado 28 de diciembre, que regula el sistema de estacionamiento medido y pago en la ciudad, la que fue planteada como única y superadora en materia de regulación a normas anteriores que se consideraban “contradictorias y confusas”.
El decreto sostiene que la citada ordenanza “incurre en gruesos errores jurídicos que no pueden ser convalidados”.
En uno de sus artículos, por caso, dispone que los permisionarios del servicio habrán de vincularse con el Municipio “por medio de contratos individuales de concesión administrativa” de este servicio público, otorgándoles el permiso respectivo.
Sin embargo, en otro artículo prevé la creación de un Fondo Común para Permisionarios, a fines de brindarles: una contratación de ART; un seguro de desempleo, para el supuesto de una enfermedad severa o accidente; el pago de monotributo, con causa fundada.
El veto puntualiza que la concesión administrativa “es absolutamente incompatible” con la contratación de una ART, dado que ésta presupone una relación de dependencia, de imposible aplicación, por impedimientos técnicos, en un contrato administrativo como el de esta concesión. La misma objeción cabe para el seguro de desempleo, ya que esta concesión “no genera relación de empleo alguno para con el Municipio”.
Entre los considerandos, el Ejecutivo recuerda que los permisionarios hoy cuentan con una cobertura de salud contratada en AMUR, por la cual, ante una enfermedad inculpable, accederán a prestaciones médicas y/o farmacéuticas: consultas, medicamentos, internación, intervención quirúrgica, etc.
“Con la nueva normativa, sólo estarían protegidos ante un infortunio ocasionado por su trabajo”, advierte.
Refrendando su “permanente vocación de diálogo y consenso”, el Ejecutivo al ejercer su derecho de veto propone, siempre que el Concejo entienda necesaria una reforma a las actuales preceptivas, profundizar “en el estudio de las herramientas jurídicas para lograrlo”, y elaborar “una normativa debatida” en acuerdo con quienes tienen “conocimientos y experiencia” en el tema, adquiridos por el desempeño de funciones “en las oficinas municipales específicas”.
