(PR) Dos hombres que están alojados en la cárcel de Río Cuarto (provincia de Córdoba) son investigados como autores de estafas realizadas a través de teléfonos celulares a tres personas de Venado Tuerto. El fiscal de la causa Damián Casullo solicitó la prisión preventiva, que fue otorgada por el juez de IPP Adrián Godoy.
Además se sugirió a las autoridades carcelarias, en el marco del nuevo Código Penal, que se restrinja a los imputados las comunicaciones, atento a que por ese canal cometieron los delitos.
De acuerdo con la investigación, los imputados se contactaban con personas que tenían productos a la venta en el Marketplace de Facebook, les decían que harían una transferencia como seña, pero luego les enviaban por whatsapp un comprobante falso por un monto mayor al pactado. Inmediatamente después escribían mensajes desde otra línea haciéndose pasar por representantes bancarios y les decían a las víctimas cómo debían hacer para “devolver” el dinero que supuestamente habían recibido por error y así evitar que sus cuentas sean bloqueadas o inhabilitadas.
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“Los dos hombres investigados –de iniciales EAMO y CAS– utilizaron teléfonos celulares a los que les colocaban diversos chips con distintos códigos de área”, informó el fiscal en la audiencia y agregó que “desde esos aparatos se contactaban con personas que tenían productos a la venta en el Marketplace de la plataforma Facebook”.
Según precisó Cassullo ante el juez, las estafas fueron cometidas entre el 19 de marzo y el 3 de mayo de este año. Las tres víctimas son personas que viven en Venado Tuerto.
En cuanto a la modalidad delictiva, el fiscal explicó que “los imputados le decían a los vendedores que estaban interesados en cerrar la compra y que les harían una transferencia como seña”. Sin embargo, advirtió que “unos minutos después, a las víctimas les enviaban por whatsapp un comprobante apócrifo de una supuesta transferencia por un monto mayor al pactado”.
“Los dos hombres investigados volvían a contactarse con las víctimas, les decían que se habían equivocado en el monto transferido, y que desde el banco se comunicarían con ellas para explicarles cómo hacer para devolver el dinero”, informó el fiscal.
Cassullo agregó que “desde otra línea, le escribían a las víctimas haciéndose pasar por representantes bancarios, y les daban instrucciones para que ‘devuelvan’ el dinero que supuestamente se les había transferido por error”. El fiscal hizo hincapié en que “el presunto empleado del banco les decía que si no seguían sus instrucciones, sus cuentas serían bloqueadas o inhabilitadas y que la AFIP estaba monitoreando la operación que, en realidad, nunca se había hecho”.
“Bajo ese engaño, las víctimas transfirieron el dinero, e incluso, dos de ellas, hasta pidieron un préstamo bancario para poder concretar la supuesta devolución”, remarcó el fiscal.
Sugerencia
“Basándonos en el recientemente reformado artículo 220 bis del Código Procesal Penal de Santa Fe, solicitamos al juez la posibilidad de que ordene las medidas previstas en los incisos 1 y 2 de este artículo para evitar que los imputados entorpezcan la investigación penal en curso a través del uso de teléfonos celulares en su lugar de alojamiento”, planteó el fiscal Cassullo.
El funcionario del MPA valoró que “entendemos que, si bien el juez aclaró que la norma recientemente incorporada a nuestro ordenamiento procesal está dirigida a presos de alto perfil, hizo parcialmente lugar a nuestro pedido e incluyó en su resolución una sugerencia a las autoridades carcelarias de Río Cuarto, en el que están alojados los dos hombres investigados; de muy similares características a las contenidas en el inciso 2 del nuevo artículo”.
En el punto 9 de su resolución, el magistrado plantea: “Sugerir al Director del Establecimiento Penitenciario número 6 de Río Cuarto, atento a la dinámica de los hechos probabilizados (empleo de diversos celulares, empleo de diversos chips, participación de más de una persona, cantidad de personas probablemente defraudadas todas domiciliadas fuera de Río Cuarto, empleo de cuentas bancarias de allegados o de terceros no anoticiados, eventuales perjuicios a terceros que no son propiamente víctima de estos delitos probabilizados) se evalúe si es pertinente una restricción temporal de comunicaciones de los imputados”.
