La senadora provincial Leticia Di Gregorio trabaja en un proyecto de ley que propone modificaciones al Código Procesal Penal y a la legislación sobre violencia familiar de Santa Fe, con el objetivo de acortar los tiempos de intervención de la Justicia, fortalecer los equipos interdisciplinarios y priorizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes cuando existen conflictos que afectan el vínculo con alguno de sus progenitores.
La iniciativa se encuentra en etapa de elaboración y, como parte de ese proceso, Di Gregorio mantuvo reuniones con representantes del Colegio de Abogados de Rosario, jueces y personas afectadas por situaciones de obstrucción de vínculos familiares. A partir de esos encuentros, la legisladora avanzó en una serie de modificaciones que apuntan principalmente a los procedimientos judiciales y a los tiempos de respuesta.
“Estamos trabajando sobre situaciones donde los conflictos entre adultos terminan afectando directamente a los chicos. El impedimento de contacto con uno de los padres es maltrato infantil. La separación de una pareja no puede convertirse en la separación de un hijo de alguno de sus progenitores”, sostuvo Di Gregorio.
Acortar los tiempos de la Justicia
Uno de los ejes del proyecto es la modificación del artículo 160 bis del Código Procesal Penal para establecer que las declaraciones de víctimas en situación de vulnerabilidad, incluso cuando sean mayores de edad, sean realizadas mediante la intervención de un equipo interdisciplinario penal y sin interrogatorio directo de las partes.
La propuesta incorpora además un plazo concreto para la realización de la Cámara Gesell: deberá concretarse dentro de los 20 días desde la formulación de la denuncia penal. En aquellos casos donde existan razones que imposibiliten cumplir ese término, podrá disponerse una prórroga fundada, pero el procedimiento no podrá superar los 45 días desde la recepción de la denuncia.
“Hoy uno de los problemas que encontramos es el tiempo. Cuando hablamos de niños, los meses y los años que demora un proceso tienen consecuencias. Por eso queremos procedimientos más rápidos, con profesionales especializados y una Justicia que pueda intervenir a tiempo”, explicó la senadora.
Un equipo interdisciplinario para toda la provincia
Otro de los cambios previstos es la creación del Equipo Interdisciplinario Penal de la Provincia de Santa Fe, que funcionará en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia provincial, con independencia técnica y especialización profesional. La Corte tendrá a su cargo su integración y deberá garantizar capacitación permanente y cobertura territorial en toda Santa Fe.
En los casos donde la víctima sea menor de edad y exista simultáneamente una intervención de la Justicia de Familia, el proyecto establece la coordinación entre ambos fueros. También prevé la asistencia de un abogado del niño para asumir su representación durante los procesos.
“Los chicos no pueden quedar en el medio de expedientes que avanzan por caminos distintos. Tenemos que lograr que el sistema actúe de manera coordinada y que la voz y los derechos del niño sean el centro de cada decisión”, planteó Di Gregorio.
“Que la perspectiva de género no tape la perspectiva de niñez”
Di Gregorio explicó que el eje que atraviesa el proyecto es el interés superior del niño y la necesidad de evitar que los hijos sean incorporados al conflicto entre los adultos.
“Los hijos no son propiedad de ninguno de los progenitores, no son un trofeo y mucho menos pueden ser utilizados como un arma en una separación. Tienen derecho a mantener sus vínculos familiares y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que esos derechos sean respetados”, afirmó.
En ese sentido, la senadora sostuvo que la discusión debe incorporar de manera central una perspectiva de niñez en las decisiones judiciales y que el proyecto continuará siendo trabajado junto a profesionales, especialistas y personas atravesadas por estas situaciones antes de su presentación en la Legislatura.
“Acá no discutimos ideologías, discutimos derechos. Y cuando hay un niño en el medio, su interés superior tiene que estar por encima del conflicto entre los adultos. Que la perspectiva de género no tape la perspectiva de la niñez”, resaltó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.
Cambios en los procedimientos por violencia familiar
La propuesta que trabaja la legisladora también contempla modificaciones a la Ley 11.529 de Violencia Familiar. Entre ellas, establece que, una vez recibida una presentación, el juez deberá requerir obligatoriamente una evaluación de la situación de la persona agredida para determinar el riesgo existente y que el informe correspondiente deberá realizarse dentro de las tres horas.
También se regulan las medidas que puede disponer de manera inmediata la Justicia, como la exclusión del agresor de la vivienda, la prohibición de acceso a determinados lugares, el reintegro al domicilio de quien debió abandonarlo por razones de seguridad y medidas vinculadas con alimentos, cuidado personal y derecho de comunicación.
A su vez, el proyecto incorpora el secuestro preventivo de armas de fuego y municiones cuando corresponda y establece mecanismos de revisión de determinadas medidas, que no podrán superar los 30 días sin una nueva evaluación judicial.
La reforma también prevé que, una vez adoptadas esas medidas, se realice como regla general una audiencia dentro de las 48 horas. La víctima y el supuesto agresor deberán ser escuchados por separado, evitando el contacto entre ambos, y quedará prohibida la mediación o conciliación.
