El senador provincial Lisandro Enrico presentó una denuncia pidiendo la clausura definitiva a las casas de juego clandestino que funcionan en la ciudad de Venado Tuerto.
A partir de la denuncia, presentada en el Ministerio de la Acusación de Venado Tuerto el día viernes 12, la Fiscalía procedió con la investigación, realizando requisas en horas vespertinas y nocturnas de este lunes.
Teniendo en consideración el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación que, a partir de su creación, logró que el juego clandestino deje de ser una contravención y pase a ser un delito, los responsables de estas salas podrían quedar a disposición de la justicia.
En total, el senador solicitó a las autoridades la intervención con allanamientos en ocho domicilios venadenses, donde funcionarían estas casas de apuestas ilegales. Los edificios sospechados se ubican en distintos lugares céntricos de la ciudad, y la denuncia fue respaldada con material fotográfica.
Con respecto a su accionar denunciante, Lisandro Enrico señaló: “En mi rol de senador provincial, he atendido los reclamos de vecinos, quienes manifestaron quejas por el funcionamiento de locales ubicados en esta ciudad que se desempeñan como lugares de juego clandestino, comúnmente denominados ´garitos´. En estas casas se efectúan apuestas ilegales en juegos de computadoras que se encuentran instaladas y funcionan bajo la modalidad de cyber. Por eso solicité la investigación del caso a la Fiscalía N° 3”.
Por otro lado, los vecinos manifiestan que dicha actividad se realiza de forma cerrada, con muchos asistentes, en algunos casos menores de edad, y que ingresan en horarios de los más diversos, siendo las horas vespertinas y nocturnas las de mayor concurrencia. Los locales denunciados se encuentran camuflados en sus vidrieras con cortinados o pinturas que dificultan la visualización interior, dejando entrever su accionar ilícito.
Es importante recordar que, hasta finales de 2016, este tipo de actividades ilícitas eran consideradas una contravención. Sin embargo, a partir de una modificación al Código votada en el mes de diciembre pasado, el juego ilegal pasó a ser un delito penal en todo el territorio argentino. La violación del artículo 301 bis, puede determinar una pena de 3 hasta 6 años de prisión.
