La diputada provincial celebró la decisión del Jurado de Enjuiciamiento y destacó que Santa Fe necesita una Justicia Federal a la altura de lo que la sociedad reclama: responsabilidad, transparencia y ningún privilegio para quienes deben hacer cumplir la ley.
La destitución del juez federal Gastón Salmain fue celebrada por la diputada provincial Lionella Cattalini, quien consideró que la decisión constituye “una señal institucional muy importante hacia la sociedad. Los santafesinos sabemos muy bien el daño que pueden causar los jueces federales corruptos y el costo que eso tiene para toda la sociedad. Nos merecemos una Justicia Federal que esté a la altura de sus responsabilidades, que actúe con transparencia y en la que no haya lugar para privilegios ni protección corporativa”.
La legisladora sostuvo que la decisión representa “un límite necesario” y remarcó que la independencia judicial, fundamental para la democracia, debe estar acompañada por mecanismos de control efectivos y por la obligación de responder por los propios actos.
“Nadie está por encima de la ley. Mucho menos quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. Cuando existen motivos para apartar a un magistrado de su función, las instituciones deben actuar con firmeza y demostrar que los controles no son una formalidad, sino una garantía para toda la sociedad”, afirmó.
Cattalini también destacó que “lo que la sociedad espera es que las reglas se cumplan para todos, sin excepciones. La destitución de Salmain debe ser una señal clara de que las conductas incompatibles con la función judicial tienen consecuencias y de que ningún cargo puede convertirse en un escudo”, concluyó la diputada.
Las causas de la destitución
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó a Gastón Alberto Salmain, quien estaba al frente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, por mal desempeño. Si bien la acusación por supuesta venta de fallos a cambio de coimas fue desestimada, el cargo por haber mentido en el currículum que presentó durante el concurso para convertirse en juez resultó determinante.
Uno de los puntos centrales de la acusación estaba vinculado a la causa del fideicomiso Attila, relacionada con el financista Fernando Whpei. Según la investigación, Salmain habría pactado el cobro de una coima de 200.000 dólares a cambio de dictar una medida cautelar que permitió a la firma acceder a 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial y transferirlos al exterior, en un contexto de restricciones cambiarias.
Por estos hechos, el magistrado fue procesado en el fuero penal por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La resolución fue confirmada tanto por la Cámara Federal de Rosario como por la Cámara Federal de Casación Penal.
En ese expediente, la Justicia ordenó su prisión preventiva bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la medida no se había hecho efectiva debido a los fueros que protegían a Salmain por su cargo de juez.
Con la destitución, el exmagistrado pierde esa inmunidad y queda habilitada la posibilidad de que la Justicia penal avance con el arresto domiciliario, aunque la decisión final sobre su detención deberá adoptarse en el marco de la causa penal.
El antecedente oculto y la defensa de Salmain en el juicio político
El jury finalmente destituyó a Salmain por el segundo cargo: el ahora exmagistrado omitió informar que en 2002 había sido echado del Poder Judicial cuando se presentó al concurso para acceder a la magistratura en 2023.
En 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto su cesantía como empleado judicial, tras una investigación por intento de soborno para alterar el sistema informático de sorteos de expedientes.
Durante el juicio político, la defensa del juez rechazó las acusaciones y cuestionó la existencia de pruebas directas que lo vincularan con el presunto pago de la coima. Además, argumentó que no estaba obligado a declarar una sanción ocurrida más de veinte años atrás.
Qué implica la destitución y cómo sigue la causa
La remoción de Salmain implica la pérdida de los fueros asociados a su función y habilita a la Justicia penal a avanzar con la prisión preventiva domiciliaria. Sin embargo, la decisión del jury solo evaluó su desempeño como magistrado y no implica una condena definitiva: la responsabilidad penal deberá determinarse en el expediente judicial.
Fuentes: El Litoral. Infobae.
