(PR/Norma Migueles) Este jueves, en el Juzgado Federal de Venado Tuerto se firmó un acta de Suspensión de Juicio a Prueba a dos personas que estaban imputadas por el delito de «Intermediación financiera no autorizada», es decir «prestamistas».
El juez Aurelio Cuello Murúa homologó la «probation» que impuso, reglas de conductas que deberán cumplirse durante el plazo previsto (dos años) y abstenerse de ofrecer servicios de compra-venta de monedas extranjeras (dólares, euros y reales) y préstamos personales, sin la debida autorización legal otorgada el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Además, ambas personas deberán pagar 15 millones de pesos cada una en equipamiento que será destinados a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPs) de la Municipalidad de Venado Tuerto. Entre otros elementos deberán adquirir desfibriladores, estetoscopios, ecocardiogramas, todos presupuestado por el ente oficial.
Los condenados fueron asistidos por abogados Arsenio Domínguez y José Marchisio, mientras que la fiscalía estuvo representada por Federico Reynares Solari y Daniela, quienes prestaron conformidad para la aplicación del instituto, plazo y reglas de conducta.
Participaron de la audiencia como beneficiarios, en este caso la Municipalidad de Venado Tuerto, el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, y la secretaria de Desarrollo Humano, Mariana Iturbide.
Cabe recordar que a fines de junio de 2024 ocurrió un hecho de robo a una financiera informal que funcionaba en Cabral y Rivadavia, Venado Tuerto.
En el lugar, dos delincuentes armados robaron unos 5 mil dólares y otros bienes, siendo detenidos junto a otras dos personas, tras un operativo policial, en la localidad de Villada. Luego, los imputados fueron condenados.
En ese marco, tras conocimiento del caso, la Justicia Federal allanó el domicilio en el que funcionaba la financiera, tras investigar que en el lugar se realizaban operaciones relacionadas con compra-venta y préstamo de dinero no autorizadas por el BCRA.
