(PR/Norma Migueles) Este martes, en el marco de una investigación sobre posible venta de artículos cuya comercialización esta reglamentada o vedada por ley, Gendarmería Nacional realizó cuatro allanamientos que dieron como resultado el secuestro de más de cien piezas de arte sacro y unos sesenta objetos de valor arqueológico.
La pesquisa estuvo a cargo de los fiscales federales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, mientras que los procedimientos fueron ordenadas por el Juez Federal de Garantías subrogante, Dr. Carlos Villafuerte Ruzo.
La persona que tenia en su poder los elementos que dieron origen a la causa fue notificada por infracción a la Ley N° 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, como así también en el marco de las leyes que rigen los bienes culturales.
«La investigación se inició en febrero pasado a raíz de una noticia criminis que nos aportó Gendarmería luego que un testigo -que no quiso brindar sus datos por temor a represalia- señalara que, a través de Market Place, una persona identificada como MB vendía piezas de la cultura prehispánica”, detalló la fiscal Rocío Estrada.
La funcionaria federal indicó que atento a la información se determinó quién era la persona que ofrecía la venta y los lugares adonde se lo podía ubicar, comprobando que ofrecía piezas arqueológicas, paleontológicas y bienes culturales.
“Con la orden de Dr. Villafuerte Ruzo se efectuaron los allanamientos y se secuestró casi un centenar de objetos considerados bienes culturales y arte religioso sacro como esculturas, biblias, cuadros, armas blancas, muebles y otros elementos, encontrados en todos los domicilios allanados, y sobre los que tenemos determinar su procedencia; además de 32 piezas arqueológicas, morteros, manos de moler, puntas de flechas y otros cuya comercialización y tráfico está totalmente prohibida. Esto es ahora lo que tenemos determinar: su origen y si son objetos originales», detalló Estrada.
Luego, sostuvo que «no sólo se trata de proteger los bienes detallados que se encuentran bajo la tutela del Estado, sino que además la investigación apunta a determinar si son maniobras relacionadas con delitos relacionados con lavado de dinero o similares».
Estrada, a su vez, indicó que a los efectos de determinar qué tipo de objetos eran pasibles de requisa, intervino la alférez Medina, en la materia dependiente de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Ambiental, enlace con Interpol.
«Estaríamos ante un delito que tiene una pena que va desde dos años hasta inhabilitación absoluta de hasta cinco años. También debemos aclarar que en la investigación previa a los allanamientos realizamos distintas medidas ante las autoridades nacionales y locales para determinar si esta persona tenía algún tipo de autorización para comercializar piezas arqueológicas. También acudimos al Instituto Nacional de Antropología y nos informaron que el comerciante no estaba registrado para realizar ninguna actividad comercial», completó la fiscal federal Rocío Estrada.
