(PR/Norma Migueles) Este miércoles, en los Tribunales de Venado Tuerto se realizó una audiencia en la que el fiscal Iván Raposo imputó a dos personas por delitos de microtráfico, entre otros, y solicitó la prisión preventiva. La jueza Andrea Cavallero hizo lugar al planteo del representante del MPA y ordenó la prisión ordinaria por plazo de ley. Ambas personas contaban con antecedentes condenatorios.
Los acusados son una mujer de 46 años de edad, ex policía -cuyas iniciales son AGO- y se encuentra domiciliada en Santa Isabel. En su haber, cuenta con una condena previa por nueve infracciones a la ley penal, incluyendo amenazas coactivas.
El primero de los hechos imputados ocurrió en noviembre de 2025, donde la imputada amenazó con mandar a que «le destrocen la casa» a una mujer que le debía dinero, sugiriendo que para cancelar la deuda «vendiera droga» para ella.
El segundo hecho refiere a otra de las víctimas, quien fue procesada en 2025 y firmó un acuerdo abreviado por infracción a la ley de drogas por comercializar estupefacientes. Según manifestó, primero era consumidora y luego fue obligada a vender por AGO mediante amenazas, manifestando temer a la imputada a quien calificó como «peligrosa».
El tercer delito devino de una denuncia que ingresó a la UFI de Microtráfico, donde una mujer oriunda de Villa Cañás informó que conocía a AGO, quien la invitó a Venado Tuerto y la hizo llevar con remis a un domicilio de calle Perillo al 400, donde -según ella- pudo apreciar que se encontraba AGO y el coautor: en ese lugar, que a su entender era un búnker, vio a «mujeres y niños». La imputada tenía una computadora en la que registraba la venta y cobranza de los estupefacientes y había por lo menos siete personas que hacían entrega bajo la modalidad delivery. En tanto, el coautor, oriundo de María Teresa, se dedicaba al fraccionamiento. Allí le ofrecieron que vendiera para ellos, y la mujer se negó, recibiendo los días posteriores amenazas sobre su integridad y sus hijas pequeñas.
La denunciante también manifestó en su declaración que escuchó que tenían planeado tomar alguna medida contra el intendente Leonel Chiarella y esto fue ratificado por otro testigo que circunstancialmente se hallaba en el lugar, quien admitió que a veces le pedían que «apretara» a algún deudor, pero «nunca le di bolilla», aseguró.
Ante esta situación, el 20 de marzo la Policía de Investigaciones (PDI) allanó el domicilio de Perillo al 400, secuestró droga, seis celulares pertenecientes a la imputada y otros elementos que la relacionaban con el narcotráfico, deteniendo al hombre y la mujer que fueron imputados como coautores del último hecho mencionado.
