(PR/Norma Migueles) Durante la mañana de este viernes y con una importante presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Gobierno de Venado Tuerto, se procedió a derribar el cuarto búnker de drogas de la ciudad. En esta oportunidad, estaba ubicado en barrio Juan XXIII y mantenía íntima relación con el anterior edificio demolido en Pavón al 500, ya que los moradores coincidían en su paso por ambos lugares. Además, hace dos años un hombre fue asesinado en el marco de la actividad ilícita en ese mismo domicilio.
La edificación se encontraba usurpada y según se informó, el propietario habría pedido a las autoridades locales que se desalojara a los usurpadores, quienes lo usaban como punto de venta de estupefacientes. Al respecto, ya fueron detenidas dos personas que se encuentran procesadas por infracción a la Ley de Microtráfico.
En tal sentido, el fiscal regional Mauricio Clavero recordó que este es el cuarto búnker que se desmantela por orden judicial, asegurnado que «es un símbolo de la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico que despliega la provincia».
En otro tramo, el funcionario explicó los motivos que llevan a la demolición de estos inmuebles. «Este lugar está estigmatizado como un espacio oscuro, donde incluso hace un tiempo hubo un hecho de sangre y una persona fue asesinada. Esta vivienda fue usurpada, luego recuperada y motivo de disputa entre bandas. Si el Estado le entrega esta casa a una familia de esfuerzo y trabajo, le está entregando un problema y una situación de riesgo», remarcó.
Al referirse al operativo, el intendente Chiarella recordó: «Este lugar, en República de Irlanda 1551, lo denunciamos junto con Leticia Di Gregorio y Nahuel Pasquinelli, representante regional del Ministerio de Seguridad, con presentaciones judiciales. Ariel Castro y Adrián Alviso eran quienes comercializaban drogas en este lugar, les vendían a menores y habían usurpado este espacio”.
El intendente señaló que el inmueble «era una vivienda usurpada, sin servicios, enganchada ilegalmente a la luz. No era el hogar de nadie, era una cáscara, un aguantadero utilizado para comercializar estupefacientes, fraccionar droga y guardar armas».
Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y el Poder Judicial. “Seguiremos muy firmes en esta tarea coordinada que estamos llevando adelante desde el Gobierno municipal, Leticia Di Gregorio desde el Senado, con una fuerte decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro Pablo Cococcioni y de la Fiscalía», reconoció.
Luego, el mandatario agradeció «al fiscal Franco Carbone, al fiscal Regional Mauricio Clavero y al fiscal de la Unidad de Microtráfico Iván Raposo, con quienes venimos trabajando codo a codo para llevar adelante esta tarea que implica ir de frente contra la venta de drogas. No vamos a dar ni un paso atrás».
A su turno, la senadora Di Gregorio puso el acento en la importancia de las denuncias que realiza la comunidad, tanto de manera presencial ante las autoridades como a través de los Buzones de la Vida. Según señaló, «esas denuncias suelen ser el punto de partida de investigaciones que luego derivan en procedimientos como el realizado este viernes en el barrio Juan XXIII».
Del procedimiento participaron también la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani; el fiscal de Microtráfico, Franco Carbone, jefes policiales, personal de la Policía de Investigaciones, legisladores provinciales y concejales.
