(PR/Norma Migueles) La estrategia del Gobierno de la Provincia de Santa Fe para cobrar los costos de los operativos de seguridad a los responsables de las falsas alarmas en colegios muestra resultados dispares, ya que si bien la medida logró frenar la ola de amenazas, la recaudación económica fue mínima.
Según confirmó la fiscal de Menores, Marianela Montemarani Menna, «en la Tercera Circunscripción Judicial se recibieron unas 43 denuncias, gran parte de ellas ya transitaron por la audiencia imputativa, con el agregado de que la mayoría de los señalados como responsables son menores no punibles, es decir menores de 15 años».
Desde la Delegación del Ministerio de Seguridad indicaron que hasta la fecha «no han tomado conocimiento de que haya familias demandadas», pero no descartaron que ello pueda ocurrir a futuro atento a que hay responsables identificados.
En la provincia, en tanto, se enviaron 53 notificaciones a los adultos responsables de los menores implicados, en los departamentos de San Lorenzo, Rosario, La Capital y Las Colonias, entre otros.
De total, sólo seis familias abonaron las sanciones económicas correspondientes. Hasta el momento se cobraron 9.824.430 pesos, lo que representa apenas el 7,2 por ciento de los más de 139 millones de pesos que el Estado gastó en movilizar patrulleros y bomberos.
El anuncio logró un fuerte efecto disuasorio, haciendo caer los reportes a cero. Sin embargo, en los casos que no pagaron, el Fiscal de Estado iniciará acciones legales, mientras los abogados de las familias ya impugnan la medida en la Justicia.
Tragedia en San Cristobal
Cabe recordar que el 30 de marzo de 2026 se registró un trágico tiroteo en la Escuela Normal «Mariano Moreno» de San Cristóbal, donde un estudiante de 15 años ingresó con una escopeta oculta y abrió fuego durante el izamiento de la bandera.
El ataque dejó al alumno Ian Cabrera, de 13 años, fallecido y ocho heridos. Por el hecho, fue detenido un menor de 15 años quien fue reducido por un empleado de mantenimiento de la institución.
En ese marco, la Justicia investigó posibles vínculos del agresor con comunidades digitales globales como la «True Crime» y subculturas violentas.
El hecho causó gran conmoción y derivó en una ola de amenazas de imitación en escuelas de todo el país, lo que obligó a las autoridades provinciales a desplegar operativos de seguridad masivos.
