(PR/NormaMigueles) En la mañana de este jueves, en los Tribunales de Venado Tuerto finalizó el juicio contra el productor rural acusado de provocar una serie de incendios que afectaron campos ubicados en la zona noreste de la ciudad y que finalmente alcanzaron la planta de tratamiento de residuos del GIRSU 5.
El juez Adrián Godoy presidió el debate y condenó a Carlos Alberto N. a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por tres hechos de incendio en concurso con daño. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía y dispuso que el condenado continúe en libertad bajo estrictas normas de conducta y al pago de una caución de $400 millones.
Cabe recordar que el fiscal de la causa, Iván Raposo, había solicitado una pena de seis años de prisión, mientras que la defensa, ejercida por el abogado Arsenio Domínguez, había requerido la absolución del acusado.
Durante una breve explicación de los fundamentos de la sentencia, el magistrado Godoy señaló que consideró a Carlos N. responsable del incendio iniciado el 5 de septiembre de 2022, que se extendió durante siete días, la planta de tratamiento de residuos de Venado Tuerto, provocando pérdidas millonarias. En ese marco, el juez consideró acreditados tres delitos de incendio en concurso con daño.
Los fundamentos del fallo
Entre los aspectos valorados, Godoy hizo referencia a la práctica de quema de campos por parte de algunos productores rurales, pese a que se encuentra prohibida por leyes nacionales y provinciales.
“Es una costumbre de los productores rurales, sucede a menudo y no se investiga porque generalmente no pone en peligro el bien común. Pero en este caso transitábamos una de las sequías más importantes, habían sucedido varios incendios de magnitud en la zona y el día 7 tuvimos fuertes vientos que llevaron el incendio hasta la planta”, sostuvo el magistrado al explicar su valoración de los hechos.
El juez también tuvo en cuenta la edad del acusado, 68 años; la ausencia de antecedentes penales, y el hecho de que durante el proceso siempre se mantuvo a derecho y cumplió con las normas de conducta impuestas en la etapa inicial. Entre esas medidas se encontraba una caución de $200 millones, constituida sobre un campo de propiedad del acusado.
En esta nueva instancia, Godoy endureció las condiciones para que el productor permanezca en libertad. Ordenó la entrega del pasaporte, prohibió su salida del país y estableció la obligación de presentarse a firmar una vez por semana.
Asimismo, dispuso que no pueda utilizar dos aeronaves de su propiedad. Durante la audiencia, el condenado aclaró que una de ellas ya había sido vendida. Finalmente, el magistrado elevó el monto de la caución a $400 millones.
La defensa efectuó las correspondientes reservas respecto de la condena, dejando abierta la posibilidad de recurrir la sentencia.
