El grave e inminente peligro que corre la fuente laboral de los trabajadores del peaje de la ruta 33 en Venado Tuerto y Casilda también llegó a la Cámara de Diputados provincial. El diputado Oscar Pieroni presentó en la última sesión de la Cámara baja un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo Nacional información respecto a los lugares de trabajo y las funciones en las que serán reubicados los trabajadores de las cabinas de peaje ubicadas en los kilómetros 636.60 y 749.70 de la ruta nacional Nº 33, en Venado Tuerto y Casilda, respectivamente, que conforme a los pliegos de licitación para la concreción de la Autopista Rosario-Rufino deben ser retiradas a partir del 1 de julio.
Los puestos de trabajo en peligro son alrededor de 80, dado que en el mes de abril venció la concesión vial del corredor y los pliegos de la licitación para la construcción de la autopista establecen que se deben eliminar las cabinas hasta poder implementar el cobro en la nueva traza.
“A fines de junio se cumplen los plazos establecidos por lo que la empresa adjudicada para construir el tramo de 161 kilómetros debe hacerse cargo del mantenimiento de la ruta 33, eliminando las cabinas, con la consecuente incertidumbre respecto del lugar y la función en la que serán reubicados los trabajadores”, comentó Pieroni.
El diputado agregó que existen versiones extraoficiales que indican que la concesión podría extenderse por un plazo de seis meses -es decir hasta noviembre- “pero la cuestión de fondo seguiría sin resolución”.
Desde el gremio que nuclea a los trabajadores de peaje -Sutracovi- argumentan que la nueva empresa debería seguir pagando el sueldo de los trabajadores, pero con la desaparición de los puestos de trabajo surgen dudas respecto a esta posibilidad.
Por otra parte desde la entidad gremial adelantaron que el ofrecimiento realizado desde la administración nacional es que los trabajadores sean pasados a la órbita de Vialidad, pero hasta la fecha -restando poco más de dos semanas- no hay certezas respecto a esta ni otra posibilidad.
“Es menester contar con información fehaciente que termine con el clima de incertidumbre que atraviesan estas 80 familias desde hace meses, realizando las gestiones pertinentes para garantizar la continuidad de sus fuentes laborales”, concluyó el legislador.
