El presidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Gutiérrez volvió a rechazar ayer la ley que desdobla la competencia federal del negocio de la droga y encarga la persecución y el juzgamiento del narcomenudeo a jueces y fiscales del fuero ordinario. “Estoy totalmente en contra”, dijo. Y advirtió que si el proyecto que el Senado aprobó el jueves se convierte en ley en la Cámara de Diputados, lo que parece improbable, solicitará a sus colegas de la Corte que frenen la aplicación de la norma. “Les voy a plantear a los otros ministros que la ley no entre en funcionamiento hasta que no tengamos todos los medios necesarios” para que se cumpla. “El narcomenudeo es el primer paso y si se cortan las investigaciones ahí”, en ese eslabón, “vamos a llenar las cárceles de gente de escasos recursos que muchas veces vende droga para vivir o consumir” y “a los verdaderos jefes de todo esto, los que ponen en jaque el estado de derecho con el narcotráfico, le daremos más protección, indirectamente”, para que sigan impunes.
Gutiérrez alertó sobre el desguace de la investigación del narcotráfico en el programa de TV Nota 22.com. Un rato antes, el Senado aprobó y giró a Diputados la ley del narcomenudeo que salió por 12 votos a favor (de los ocho senadores del Frente Progresista y cuatro de justicialismo) y tres abstenciones de sus colegas del PJ. Fue la cuarta media sanción del Senado en los últimos años, pero la primera que quiebra a la mayoría del PJ en tres fracciones: cuatro senadores votaron a favor (Joaquín Gramajo, Eduardo Rosconi, José Baucero y Guillermo Cornaglia), tres se abstuvieron (Rubén Pirola, Alcides Calvo y Danilo Capitani) y tres se fueron del recinto (el presidente de bloque Armando Traferri, Osvaldo Sosa y la senadora Cristina Berra). El cuarto ausente era Ricardo Kaufmann, por problemas de salud.
El proyecto tenía dictamen de mayoría desde el 31 de mayo, pero el debate se postergó hasta ahora por los tironeos políticos en el Senado. El primer impulso lo dio el propio gobernador Miguel Lifschitz en la Asamblea Legislativa del 1º de mayo, cuando admitió que había cambiado de opinión y ahora estaba a favor de la ley, a pesar de que antes, como senador por Rosario, la votó en contra. A partir de ahí, el principal mentor Lisandro Enrico recolectó las diez firmas de su bloque y sumó las de Gramajo y Rosconi, del PJ. Ya eran diez votos a favor. Y el jueves, en el recinto, sumaron doce, con Baucero y Cornaglia.
El presidente de la Corte criticó la decisión del Senado. “Estoy en contra, totalmente en contra”, dijo. Y cuando le plantearon que el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro era uno de los defensores de la ley de narcomenudeo. “El ministro habla con mucha ligereza y de un montón de cosas que no conoce”, ironizó Gutiérrez.
-¿La justicia de Santa Fe se puede hacer cargo de investigar el narcomenudeo? –le preguntaron
-No. Nosotros desde la Junta Federal de Cortes ya fijamos la posición. Si la ley sale, inundablemente hay que acatarla. Pero lo que decimos nosotros y lo que dice la misma ley de transferencia que la Nación debe garantizar a la provincia todos los medios necesarios para la investigación. No tenemos jueces especializados en este tipo de investigaciones que son complicadas. No tenemos Policía Judicial, ni gabinete, ni infraestructura necesaria para esto. Más allá de que la Legislatura apruebe la ley, dicen que le van a dar dos años para que se ponga en funcionamiento, yo personalmente le plantearé a mis colegas de la Corte que esta ley no entre en funcionamiento hasta que no tengamos los medios necesarios –sorprendió el magistrado.
Ante otra pregunta, Gutiérrez no dejó pasar el giro de Lifschitz que “ahora impulsa la ley” y “cuando era senador la votó en contra”. “El narcomenudeo es el primer paso, es la venta para consumir, comprar o vender o tener plata para consumir. El paso siguiente es atacar a los narcotraficantes, pero si uno corta la investigación en ese eslabón, vamos a llenar las cárceles de gente de escasos recursos que muchas veces vende para vivir o consumir” y “a los verdaderos jefes de todo esto, los que ponen en jaque al estado de derecho con la venta de droga, le damos más protección indirectamente”.
