(PR/SC-PS) A instancias de una presentación de la edila oficialista María Florencia Di Pizio, el Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó una resolución para solicitar informes urgentes a la Secretaría Nacional de Discapacidad. La iniciativa surge tras el dictado de la Resolución Nº 3695/2026 del Gobierno nacional, la cual dejó sin efecto el restablecimiento de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país.
El principal reclamo local radica en que la normativa nacional incluye una nómina de los afectados, pero no especifica su distribución territorial. Ante este vacío de información, Di Pizio pidió conocer “cuántas de estas personas son de Venado Tuerto, y cuántas de la provincia. Si bien sabemos que son más de 21.800 personas nos interesa tener un detalle de cuántos son de la ciudad y cuántos de la provincia, y qué políticas van a llevar adelante en el territorio para poder llevar una respuesta a estos vecinos”.
Plazos y burocracia en la mira
La medida nacional otorgó un plazo de 60 días corridos desde la notificación para que los beneficiarios soliciten la rehabilitación de la pensión mediante la presentación de documentación médica actualizada y la renovación de datos. Sin embargo, a los pocos días, la Resolución Nº 3697/2026 modificó los canales habilitados para realizar dicho trámite, sumando incertidumbre al proceso.
Por este motivo, la resolución aprobada en Venado Tuerto exige a las autoridades nacionales un detalle minucioso sobre el estado de situación en la región. Específicamente, se solicita conocer: La cantidad exacta de pensiones que siguen suspendidas y las que lograron ser rehabilitadas; el número de vecinos que efectivamente recibieron la notificación oficial y cuántos restan notificar; el volumen de solicitudes de rehabilitación presentadas, detallando cuántas fueron aprobadas, cuántas rechazadas y cuántas siguen pendientes, y los motivos principales que fundamentaron los rechazos de los trámites.
«Resulta fundamental que las personas alcanzadas por este tipo de medidas cuenten con información clara y accesible sobre su situación y los procedimientos que deben realizar para garantizar el ejercicio de sus derechos», fundamentó Di Pizio.
