La increíble decisión del Gobierno nacional de compensar a las distribuidoras de gas natural con un arancel retroactivo que se cobrará a todos los usuarios argentinos por las pérdidas que habría sufrido la empresa debido a la devaluación, levantó voces en contra y ya se empiezan a analizar las medidas que se podrían tomara para rechazar este ajuste.
PUEBLO Regional consultó al titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Hernán Chiarlone, quien comenzó por destacar que la resolución todavía no está firme.
“Esta resolución del Ministerio de Energía recién se implementaría en enero del año que viene, por lo cual todo está por discutirse. Ya hay una serie de amparos y medidas judiciales que se han planteado para declarar inconstitucional esta resolución. Así que por el momento no hay que hacer nada”, señaló Chiarlone.
Siguiendo con su análisis, el dirigente consideró que “este retroactivo en el tema tarifas, debido a la devaluación, no es justo y es ilegal”.
Dado que esta resolución del ministro Javier Iguacel todavía no está firme, el titular de la OMIC precisó que el mayor inconveniente de los usuarios por estos días son los otros aumentos que está sufriendo el servicio de gas, “ahora hay que seguir pagando los ajustes que son del 30 al 35 por ciento más los aumentos que se esperan el año que viene”.
Por estos días está circulando un modelo de carta rechazando el ajuste retroactivo, tema sobre el cual Chiarlone comentó que “he visto esos escritos donde se hace referencia al artículo 88 del Código Civil. A mi criterio y el de mucha gente, es ilegal este retroactivo porque una de las formas de extinción de las obligaciones es el pago. Si a vos te facturan un servicio que consumiste y lo pagas, esa es tu única obligación, no tenés obligación de volver a pagar”.
El asesor planteó que las notas que se están preparando en contra de la resolución deberían utilizarse para hacer una presentación colectiva. Igualmente consideró que hacer un reclamo de este tenor ante Litoral Gas en este momento “no tiene ningún sentido porque esto todavía no se ha implementado y está previsto para el año que viene, así que iremos viendo cómo esto se va desarrollando en el ámbito judicial con las presentaciones que ya se han hecho”.
