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Las bibliotecas populares denuncian recortes del 40 por ciento

El incremento de las tarifas de los servicios y las demoras en las entregas de subsidios, ya había puesto en alerta a las bibliotecas populares que, a diario, hacen verdaderos malabares para subsistir y abrir las puertas. Ahora, ya con el proyecto de presupuesto nacional para 2019 presentado en el Congreso Nacional, se plantea un panorama aún peor con una clara reducción de fondos a la vista. Así lo dejaron planteado las entidades que nuclean a las bibliotecas de la provincia, que advierten sobre «un recorte del 40 por ciento» en el dinero destinado a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), la entidad que las nuclea en todo el país.

En un comunicado dejaron en claro el «total rechazo a la brutal reducción en el monto asignado a las políticas culturales presentado en el proyecto del presupuesto nacional 2019″, y puntualizaron lo que respecta a las bibliotecas: un recorte «de un 40 por ciento».

La presidenta de la asociación local, María Luisa Carletti, señaló que la caída de los fondos «se ve claramente en el proyecto, al que cualquiera puede acceder porque es un documento público, y ahí está clara la reducción que va a sufrir la Conabip, que es nuestra entidad madre y a partir de la cual se destinan los fondos que llegan a cada una de las bibliotecas de Santa Fe y todo el país».

En ese marco y en el mismo comunicado, las entidades convocan sin medias tintas a los diputados nacionales a rechazar el proyecto a la hora de votarlo en el recinto de sesiones del Congreso. «Exigimos a nuestros representantes que no apoyen este presupuesto», dejaron asentado.

La presidenta de la asociación, dijo que «la situación se agudiza aún más», y aclaró que «no sólo se trata de recortes de fondos, sino además de tarifas» que siguen incrementándose. «Si nos costaba pagar 700 pesos de gas, ahora no sabemos cuánto más deberemos abonar. Tenemos la incertidumbre de cualquier casa».

El principal reclamo es al gobierno nacional, las bibliotecas también plantearon a nivel provincial la necesidad de que la oficina local de Inspección General de Personas Jurídicas, «agilice los trámites». El pedido no es menor, ya que esa repartición es la que otorga a las entidades los certificados de subsistencia a las entidades y les permite así acceder a los subsidios.

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