El Gobierno avanza con su propuesta para flexibilizar por decreto el empleo en la industria textil. La iniciativa relanza dos elementos que formaron parte de la fallida reforma laboral impulsada hace dos años: un fondo de cese laboral y un banco de horas. Sindicatos y cámaras empresarias están sorprendidos por el apuro que muestran los funcionarios para que sus representantes firmen el acuerdo. Ambos actores reclaman soluciones para la profunda crisis que afecta al sector, con cierres de fábricas y despidos masivos, pero advierten que el paquete de medidas no paliará el principal problema que es la falta de demanda interna. Los lineamientos serán formalizados esta tarde durante un encuentro que contará con la participación del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El texto que será rechazado por los gremios propone además institucionalizar en los convenios colectivos textiles las concesiones laborales a las que accedieron algunos trabajadores como el pago en cuotas del aguinaldo o la segmentación forzada de las vacaciones.
“Ambos actores reconocen la necesidad de que el Gobierno dicte en forma urgente una norma o decreto, reconociendo la posibilidad de disponer colectivamente sobre los siguientes institutos laborales”, reza el acta que hoy será presentada para la firma de sindicalistas y empresarios textiles. La creación de un banco de horas habilitaría a realizar una compensación de la jornada laboral a lo largo de un año para que el tiempo trabajado en exceso en un día se compense con menos horas en otro. El mecanismo, que fue incluido en la brutal reforma brasileña, permite que se establezcan jornadas de hasta 10 horas diarias sin pagar horas extras. Mediante el banco de horas es posible flexibilizar y aumentar la jornada laboral reduciendo los pagos suplementarios por horas extra, que pasan a ser compensables.
Entre los puntos que impulsa entre cámaras y sindicatos el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, figura además el denominado fondo de cese laboral. El instrumento sustituye al empleador en el cumplimiento de las obligaciones de pago de indemnizaciones por despido. La medida crea un sistema de capitalización de fondos para un despido “asegurado”. Como estaba redactado, el anteproyecto oficial de 2017 reducía el monto de las indemnizaciones ya que dejaban de contemplarse para el cálculo las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual.
