(Pueblo Regional) En cumplimiento de lo normado en la ley 25.761 de venta irregular de autopartes, este miércoles se realizó un operativo múltiple que incluyó seis allanamientos en Venado Tuerto en los que se secuestraron 4100 vehículos, 100 mil autopartes y tres armas.
El megaoperativo estuvo a cargo del fiscal Horacio Puyrredón, quien en diálogo con Pueblo Regional remarcó que, hasta el momento, no se pudo comprobar que el secuestro tenga procedencia ilícita.
Para llegar a estos allanamientos se estuvo trabajando entre diez meses y un año en la tarea investigativa sobre la posible venta de autopartes en forma irregular.
“En principio lo que nosotros detectamos es el incumplimiento de la normativa vigente. La ley establece que sólo se pueden comercializar 30 partes que están nomencladas y numeradas, no se puede vender ninguna autoparte por fuera de estas 30”, detalló Puyrredón y puso como ejemplo que las ruedas o el tablero de instrumentos usados no se pueden vender.
En este caso los allanamientos incluyeron el local de venta al público del Desarmadero Warnes (ruta 8 entre Huhn y Lussenhoff), dos talleres de desguace y los otros tres lugares eran depósitos de automóviles. Estos últimos también estaban infringiendo la ley, puesto que una vez retiradas las 30 autopartes comercializables el resto del vehículo debe ser destruido o compactado.
“Nos encontramos con alrededor de 4100 autos en distintas etapas y con variados destinos”, apuntó Puyrredón y adelantó que “el origen de los vehículos está en análisis, a partir de toda la documentación que se secuestró. Hasta ahora no hemos detectado, en ninguno de los depósitos ni en la casa central, repuestos cuyo origen sea ilícito”.
Esto implicaría que, por el momento, sólo hay una violación a la ley de comercialización de autopartes, razón por la cual no hubo detenidos en el operativo porque la norma prevé una pena de prisión de tan sólo 15 días a tres meses, más multas e inhabilitaciones.
El fiscal Puyrredón remarcó que la maniobra irregular fue detectada por los investigadores del Ministerio de Seguridad de la Nación, que luego derivaron la causa a la fiscalía local.
“El espíritu de la norma apunta a que la venta de autopartes usadas no afecte a la industria nacional, por eso no se permite la venta de determinados repuestos usados”, graficó el funcionario judicial.
Consultado sobre el alcance que tienen las investigaciones en la cadena delictual, el fiscal comentó que “se puede avanzar todo lo que uno quiera o esté al alcance de los recursos con que la fiscalía cuenta. Nosotros no tenemos condicionamientos de ningún tipo. No hemos recibido de absolutamente nadie un llamado para tomar este tipo de medidas”, y consideró que “siempre se puede estar mejor, pero los recursos con que contamos hoy nos permitieron llegar a la comprobación de esto y ahora seguimos profundizando la investigación”.
