Durante el 2019 se registraron 450 denuncias por torturas y maltratos en cácerles federales. Según los especialistas, ellas estarían relacionadas como consecuencia del alto nivel de hacinamiento, cuya capacidad está superada en más de 2.000 presos.
La situación es consecuencia de la implementación de normativas como la ley de Flagrancia, que desde su sanción en septiembre de 2016 provocó un aumento del 805 por ciento en las condenas de hasta seis meses y un 182 por ciento en aquellas penas de entre siete meses y doce años.
En un informe elaborado sobre torturas y maltratos registrados entre 2017 y 2018, se indica que durante ese período una de cada tres personas presas sufrió una agresión física durante su detención, y que la mitad de la población carcelaria fue privada de alimentos.
El estudio también muestra que la totalidad de los presos y las presas fue requisado teniendo que desnudarse por completo frente a los agentes penitenciarios, y que a seis de cada diez les robaron o dañaron alguna de sus pertenencias.
“La responsabilidad judicial está a la vista, y en menor término la del Ejecutivo, porque hay que mostrar una voluntad política de querer modificar esas cuestiones, enviar proyectos al Parlamento o realizar modificaciones reglamentarias” aseguró a la prensa el procurador penitenciario adjunto de la la Nación (PPN), Ariel Cejas Meliare.
