La defensora general Jaquelina Balangione y el defensor de la Regional I Jorge Miró del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal realizaron una nueva presentación de hábeas corpus por el exceso de personas privadas de su libertad que están alojadas en comisarías de la primera circunscripción judicial, más precisamente en la ciudad de Santa Fe.
Durante 2020 se presentaron innumerables hábeas corpus por la cantidad de detenidos en dependencias de la Unidad Regional I departamento La Capital de la Policía de Santa Fe, donde se verificaron las condiciones en cuanto a la capacidad logística operativa para la atención de las personas privadas de su libertad.
En los relevamientos de los defensores públicos y funcionarios del área del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal se corroboraron «situaciones inhumanas de alojamiento, exceso de población, falta de colchones, aguas servidas, personas durmiendo en los patios y falta de atención médica».
En los primeros meses del año se interpusieron hábeas corpus por los presos de las comisarías 9ª y 10ª de la ciudad de Santa Fe y por la 12ª de Santo Tomé; el 7 de mayo se interpuso otro por la situación repetida en la 9ª, donde constataron 34 personas reclusas, siendo la capacidad 12; el 19 de mayo se interpuso otro de la misma naturaleza con relación a la comisaría 8ª ya que contaba con 14 alojados y la capacidad es para ocho personas, y en la misma fecha se presentó con relación a la Comisaría 10ª con capacidad para cuatro y en realidad 10 presos.
El 25 de mayo el Ministerio de Seguridad santafesino declaró la emergencia en las condiciones de detención en penales como consecuencia de un relevamiento. La resolución llevó el número 0665/20, y se ordenó de manera expresa a los jefes de las seccionales la no recepción de detenidos hasta que se adecuen las capacidades. En ese momento, se hizo público que la cantidad de presos en toda la provincia en comisarías alcanzaba a 723 y los lugares disponibles era para 665 personas, particularmente crítico en el departamento La Capital, con capacidad para 131 plazas y 250 alojados.
Esta mañana, el ministro de Seguridad Marcelo Sain reveló que hay más de 900 detenidos en comisarías en toda la provincia. El 2 de junio el Servicio Penitenciario provincial informó a la Defensoría que la capacidad de alojamiento estaba totalmente superada.
El 10 de septiembre el juez penal Jorge Patrizi resolvió hacer lugar a la demanda de hábeas corpus interpuesta por el defensor regional de la primera circunscripción judicial de Santa Fe, respecto de la situación de hacinamiento de las personas privadas de su libertad en comisarías por considerar que existe un agravamiento de las formas y en las condiciones que se cumple el alojamiento, requiriendo al Gobierno provincial que adopte un plan de acción para terminar con la situación, siendo los internos trasladados a unidades del Servicio Penitenciario provincial, con resguardo de las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19. El 25 de septiembre el defensor regional intimó el tiempo transcurrido, y el 28 de septiembre se fijaron 60 días corridos para normalizar la situación, fecha que se cumplió el 28 de noviembre sin novedades a la vista.
Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los funcionarios de la Defensoría Regional continuaron con el trabajo de visita para auditar la situación, el 11 de diciembre hubo sentencia favorable respecto de los detenidos de la Subcomisaría 6ª de La Guardia que conviven con aguas servidas, para que sea inhabilitado el penal y el traslado de todos los internos a la órbita del Servicio Penitenciario.
El Servicio Penitenciario provincial, a su vez, respecto de su capacidad logística y operativa tiene un exceso de 893 alojados, por lo tanto, existe una clara imposibilidad material de alojamiento del excedente de las comisarías.
Anomalías
El razonamiento más básico y elemental es indicativo de varias anomalías que se prolongan en el tiempo. La existencia de presos en las comisarías es la consecuencia directa del trabajo policial, ya que investigan y detienen a personas por su presunta vinculación con la comisión de delitos, o bien, los uniformados actúan frente a un caso consumado. De cualquier manera, la actuación de prevención y represión del delito es constante. Este es un problema acumulado en décadas que, por ahora, no tiene solución.
Fuente: UnoSantaFe
