El primer acceso -y muy restringido- a la investigación al ex ministro Marcelo Sain y su equipo permitió a las defensas ratificar lo que sospechan. “En lo que pudimos ver, no hay tareas de seguimiento, ni escuchas telefónicas, ni nada de eso. Lo único que existe son consultas a distintas bases de datos de una gran amplitud, por ejemplo Google, que son públicas. Todas actividades que de ningún modo constituyen espionaje”, reveló a Rosario 12 el abogado Juan Lewis, que defiende a su colega Nadia Schujman, entre otros. “Lo sí pudimos ver es mucha información” de militantes radicales que responden al diputado Maximiliano Pullaro y “figuran como testigos declarantes” en la causa. Entonces, las supuestas pruebas no tienen que ver con eso “tan escandaloso que plantean como espionaje, tanto los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jimenez como Pullaro”, quien el viernes fue admitido como querellante en el proceso. “Lo que demuestra que acá hay una voluntad de instrumentar esto políticamente, para alguna carrera política o alguna campaña y que hay fiscales y jueces que se someten a esa manipulación”, advirtió Lewis.
El viernes, los abogados defensores sumaron dos sorpresas. La primera, en la audiencia ante la jueza Susana Luna, quien admitió a Pullaro como querellante porque Hernández y Jimenez le adjudicaron el rol de supuesta “víctima”. Una de las pruebas que ofrecieron es la transcripción de una escucha telefónica entre Pullaro y un policía condenado por narcotráfico: el ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas Alejandro Druetta, que fue encontrada en el allanamiento del Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre. Los fiscales presumen que la filtraron para “perjudicarlo”. El audio era público: se reveló en el juicio ante el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario, que condenó a Drueta a 10 años de prisión por “tráfico de estupefacientes doblemente agravado”, en marzo de 2021. “Los elementos que aportaron los fiscales” para justificar la querella de Pullaro “son cosas que no constituyen espionaje y ni siquiera delito”, retrucó el abogado Hernán Martínez, defensor de Sain.
La segunda sorpresa fue cuando Lewis y Martínez intentaron acceder a la causa porque el jueves -24 horas antes de la audiencia Pullaro-, los fiscales notificaron que habían levantado la “reserva” del sumario. “Fuimos a buscar las actuaciones”, contó Martínez, pero nos dijeron que sólo podíamos sacar fotos con el celular”, en la mesa de entradas de la Fiscalía. Tampoco tuvieron acceso a la información digital, por su volumen.
El miércoles que viene, a las 10, está prevista la audiencia de apelación ante el juez de Cámara Sebastián Creus, quien tratará –entre otros recursos- el fallo del juez Jorge Patrizi que levantó el secreto del sumario el 10 de febrero, pero los fiscales Hernández y Jimenez no cumplieron la orden y apelaron. “Vamos a pedir el acceso a la causa sin restricciones”, explicó Martínez para saber por qué investigan a Sain y a sus ex colaboradores.
Lewis dijo que lo que encontraron en la Fiscalía eran “siete biblioratos y “documental digitalizada”. “Fuimos con dispositivos electrónicos para copiar esa información y no pudimos. Nos dijeron que sólo podíamos consultarla en la mesa de entradas. Que podíamos tomar fotos con el celular de algunas cosas, pero se fijaban cuáles eran porque aducían que las tienen datos de terceras personas no se podían copiar”. Por lo tanto, el “levantamiento de la reserva es ineficaz. Es imposible analizar siete biblioratos y la información digitalizada, sin tener copias”, denunció Lewis. “Los fiscales impiden el acceso” de la causa a las defensas.
A pesar del cepo, “algunas cosas pudimos ver”, reveló Lewis. “Y en lo que vimos no hay tareas de seguimiento, ni escuchas telefónicas, ni interceptación de comunicaciones personales prohibidas. Nada de eso. Lo único que existe hasta ahora son consultas a distintas bases de datos de una amplitud, por ejemplo Google, que son públicas”. “Todas actividades que de ningún modo constituyen espionaje. “Sí hay mucha información” de militantes radicales de Pullaro “que figuran como testigos declarantes”.
Causas penales
Lewis dijo “hay mucha información de causas penales”. Hernández y Jimenez pidieron informes a sus colegas con una lista de nombres. “Los fiscales que respondieron” señalaron a sus investigados. “Incluso, algunos dijeron que no pueden reseñar a los que resultan imputados sino también a otras personas sospechadas y después fruto de la investigación no se los imputa o no se logra suficiente material para imputarlos”.
“En otros casos también, se investigan a testigos para ver qué fiabilidad pueden tener y a otras personas para ver si pueden ser imputadas o no. Eso es algo que cae de maduro en cualquier investigación. Acá, algunos fiscales han contestado de manera clara. Eso es lo que pudimos ver. No pudimos hacer un análisis exhaustivo de todo el material, con tantas dificultades para acceder”.
“Además, también nos encontramos que hay requerimientos a fiscales que no están contestados. La Fiscalía dice que sólo el 10 el 13% de la personas que estaban en esa base de datos figuran como imputadas en el sistema informático del MPA. Sí, pero los propios fiscales al contestar estos requerimientos de Hernández y Jiménez dicen que, en realidad, ellos tienen que investigar a muchas más personas antes de imputar a alguien. Y que hay otras causas están en curso”.
“Entonces, todo esto se parece más a una estrategia para eludir alguna investigación en la que pudiesen quedar imputados o sospechados algunas personas que a una investigación por espionaje. La verdad que hechos de espionaje no hay ninguno. Esperaremos que se formalice la imputación y si efectivamente se hace por esto, plantearemos la incompetencia porque se trata de una actividad cuyo análisis corresponde a la justicia federal”, concluyó Lewis.
Fuente: Pagina12
