(PR) Los primeros días de este año, una noticia que apareció en los medios santafesinos asombró a la comunidad venadense. El hombre conocido como “secretario” del juez federal de Venado Tuerto, Horacio Luchini, quien hacía apenas un par de meses había asumido un cargo en el Ministerio de Seguridad designado por Jorge Lagna, fue señalado como un nexo favorecedor para Guille Cantero, por una mujer testigo en la causa.
Luego Luchini renunció al cargo de director de Análisis Criminal Estratégico del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y discretamente se encargó de aclarar ante conocidos que era una “cama” y que era inocente de las acusaciones. Los días siguieron su rumbo y otros temas mas interesantes ocuparon la portada de los medios.
Sin embargo, hoy el periodista German de Los Santos a través del sitio Aire Digital de Santa Fe pone otra vez el tema en la mesa y adelanta que el ex funcionario será imputado por los fiscales de la causa si bien, al parecer por estos días, nadie sabe donde esta. Una testigo asegura que el exfuncionario le pidió dinero a Guille Cantero para mejorar sus condiciones de detención. Según el informe los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra (FOTO) imputarán al exdirector de Análisis Criminal Estratégico del Ministerio de Seguridad de Santa Fe después de la feria judicial por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias y posiblemente estafa y si no se presenta se pedirá su detención.
LA CHARLA
“Vamos a ver si le podemos dar una mano al pibe de Marcos Paz”, afirma Matías Herrera, un personaje oscuro, condenado por narcotráfico. Su interlocutor en esa charla es Horacio Lucchini, quien hasta el 9 de marzo ocupó la dirección de Análisis Criminal Estratégico del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Ese día renunció luego de que en el Ministerio Público de la Acusación llegaran, de mano de una testigo, audios que involucraban a este funcionario en el pedido de dinero al líder de Los Monos Ariel Cantero a cambio de mejorar sus condiciones de detención en el penal federal de Marcos Paz. Mariana Ortigala, la testigo que aportó estas pruebas que están en manos del fiscal Matías Edery, dijo que el exfuncionario pedía 150.000 dólares.
No hay muchos antecedentes en la historia reciente de Santa Fe de funcionarios que ocupaban cargos de relevancia que aparezcan con este nivel de complicidad involucrados con organizaciones criminales. Lucchini no fue imputado antes porque los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Edery, estaban al frente del juicio contra Esteban Alvarado, pero en los próximos días, tras la feria judicial imputarán a este funcionario que llegó al Ministerio de Seguridad y se dedicó a hacer gestiones con narcos que mantienen encendida la violencia en Rosario.
LA TESTIGO
Mariana Ortigala, quien sobrevivió a un ataque organizado con sicarios, es la testigo que contó que el exfuncionario le pidió dinero a la banda narco Los Monos. En ese diálogo que aparece en un audio que está en manos de la Justicia, y al que accedió AIRE, Lucchini le responde a Matías Herrera: “Vamos despacito. Vos dame una mano para que no pare el quilombo. Hay que seguir. Hay que armar algo que sea un impacto. No hablés nada por teléfono”.
Esa conversación, que es más amplia e incluye otros nombres, incluso de funcionarios nacionales, la grabó Herrera para mostrar las influencias que tenía Lucchini, que –según la denunciante Mariana Ortigala – le ofrecía a Guille Cantero brindarle mejores condiciones de detención en Marcos Paz a cambio de 150.000 dólares. Ortigala era la encargada de llevarle el mensaje a Cantero y es la que dejó expuesto al exfuncionario, que será imputado.
Guille Cantero, referente de Los Monos, está detenido en el penal federal de Marcos Paz. Ortigala dijo que mantuvo tres reuniones con Lucchini, que asumió a fines del año pasado en la cartera de Seguridad, y –según ella- se desempeñaba anteriormente en el juzgado federal de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe. La mujer dijo que Lucchini se acercó a ella, porque es “amiga de Vanesa Barrios”, la mujer de Guille Cantero.
El contacto lo hizo otra persona vinculada al narcotráfico, que se llama Matías Herrera, quien tiene causas abiertas en la Justicia Federal. Edery explicó que “Lucchini no era abogado, sino que cumplía un rol en el Juzgado Federal que consistía en ser un asistente, una especie de ordenanza”. “Lo que se investiga es si las influencias que pretendía vender eran reales o no. Si era una especie de Marcelo D’Alessio «santafesino», el falso abogado que actualmente está preso en Ezeiza.
LAS TARIFAS
La primera reunión entre ellos se produjo en octubre del año pasado, cuando Lucchini aún no había sido designado. Luego, Ortigala mantuvo otros dos encuentros. En uno de ellos, según Ortigala, ya estaba en el cargo. “En un momento (Lucchini) me empezó a pedir cosas extrañas. Me dice que él podía conseguir beneficios para Guille Cantero. Los beneficios serían, por ejemplo, frenar requisas, que le habiliten 24 horas de teléfono fijo y la posibilidad de que Guille tenga un teléfono celular. Todo esto me lo decía para que yo se lo transmita a Cantero”, declaró Ortigala.
En diálogo con AIRE, la testigo aseguró que el funcionario, que se jactaba de tener contactos en la Justicia y en el Gobierno, le propuso un tarifario. “Para frenar allanamientos, adulterar pruebas, realizar traslados, engarronar a otra banda pedía 20.000 dólares por cada cosa”, reveló la testigo. En su declaración ante los fiscales, Ortigala contó que el funcionario le dijo que “podía haber beneficios mayores (para Cantero) como un traslado, que él estaba gestionando los hilos para subir al Gobierno y que para eso, necesitaba un par de golpes sociales. Esto es hechos de resonancia social para sacar a la gestión e ingresar él. Concretamente me pidió que Guille mande a balear distintos lugares o que le entregue a él datos de donde estaban las cocinas de droga para hacer que las descubre él y beneficiarse”.
La testigo presentó, además, las capturas de pantalla de los diálogos que mantenía con el supuesto intermediario Matías Herrera. “El traslado son 40.000 dólares. Si quiere protección de parte del dopale (sería Lucchini, según Ortigala) son 100.000 dólares”, escribe Herrera. Ortigala y su hermano Rodrigo, quien perteneció al clan Alvarado, se transformaron en testigos clave de un juicio contra Esteban Alvarado, que se inició a fines de febrero pasado. La mujer fue blanco de un ataque sicario en marzo de 2020. Dos atacantes le dispararon 27 tiros. Cuatro dieron en su espalda, pero logró sobrevivir al escapar de los sicarios.
