A pedido del PRO, el juez Ercolini mandó a los uniformados a desalojar y clausurar el organismo encargado de hacer cumplir la ley de medios. Martín Sabbatella fue obligado a retirarse pese a que todavía no se resolvió el amparo presentado contra la intervención.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) recibió la Navidad con una faja de clausura. A pedido del gobierno de Mauricio Macri, la Justicia ordenó el desalojo del edificio el 24 de diciembre, dejando sin actividad al ente encargado de aplicar y monitorear el cumplimiento la ley de medios audiovisuales. El titular del organismo, Martín Sabbatella, junto con otros directores, funcionarios y trabajadores se retiraron del lugar cerca de las 23, luego de un operativo policial que duró varias horas y que incluyó algunos gritos y varios momentos de tensión. La medida la resolvió el juez federal Julián Ercolini, en una causa penal por “abuso de autoridad” y “usurpación del cargo” iniciada por el interventor Agustín Garzón, nombrado por decreto presidencial el miércoles 23. Garzón recién tomaría posesión el próximo lunes por lo que la decisión de Macri, con apoyo del juez y la Policía Federal, dejará acéfalo el organismo hasta entonces. El desalojo se resolvió sin esperar la respuesta (que sigue pendiente) de la medida cautelar solicitada por Sabbatella, en la que impugnó la constitucionalidad del decreto que designa al interventor. “Están locos, es un atropello brutal que no tiene límites. Con esta medida clausuraron una ley del parlamento nacional, quieren ponerle una faja de clausura a la democracia”, aseguró Sabbatella en diálogo con Página/12.
La decisión judicial tomada por Ercolini este jueves culminó un proceso iniciado por Macri al día siguiente de asumir como presidente, cuando dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó y desarticuló parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Mediante el DNU 13/15, el presidente colocó bajo la órbita del ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, a la Afsca y la Aftic, dos entes autárquicos y descentralizados. Además de subordinarlos, les quitó parte de facultades que les eran propias por ley. A la semana siguiente, Aguad anunció la designación de Garzón como interventor mediante un decreto simple, el 236/15. Según el ministro, la intervención se produce producto a la “rebeldía” de Sabbatella y del titular de la Aftic, Norberto Berner, que no accedieron a dejar sus cargos. Ambos cuentan con mandato por ley hasta 2017 y 2019, respectivamente. Al frente de la Aftic fue nombrado interventor, Mario Frigerio, tío del ministro del Interior.
La presentación de la medida cautelar, que recayó en el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo número 8, a cargo de Cecilia Gilardi. Sabbatella afirmó allí que el Presidente no tiene atribuciones para intervenir el organismo, ya que se trata de un ente autárquico creado por una ley del Congreso, que determina taxativamente en su artículo 14 los mecanismos de remoción de sus autoridades. La ley dice expresamente que los miembros del directorio de la Afsca “solo podrán ser removidos de sus cargos” por una resolución del Consejo Federal del organismo, adoptada por los votos de dos tercios de sus miembros, por causales específicas como incumplimiento o mal desempeño y después de garantizar el derecho de defensa.
Sabbatella negó que se tratara de un “atrincheramiento”, como denunció el macrismo y ratificó que acataría la resolución judicial sobre la cautelar. El PRO, en respuesta, presentó la denuncia penal. El fiscal Carlos Stornelli, ex empleado de Macri en el club Boca Juniors, pidió el allanamiento de la Afsca. Ercolini terminó por hacer lugar al pedido del fiscal y finalmente alrededor de las 15.30 comenzó el operativo en la puerta del organismo. “Nosotros tenemos una medida del juzgado federal del doctor Ercolini, que es el desalojo del establecimiento. El procedimiento lo manejamos nosotros de acá en adelante. Yo no busco conflicto”, afirmó Esteban Artola, comisario de la comisaría tercera. Artola mantuvo un diálogo con Sabbatella y otros funcionarios en el hall de ingreso, que fue filmado por el equipo de comunicación del organismo y subido en parte a las redes sociales:
–Vamos a subir piso por piso, y vamos a invitar pacíficamente a que se retiren…
–¿Y quién se hace cargo de este edificio?
–La Policía Federal.
–¿Y del funcionamiento?
–Quedará suspendido por el momento.
–¿No van a fiscalizar? ¿Cortan el funcionamiento del organismo?
–Entiendo de que sí (sic).
La decisión de Ercolini dejó paralizadas las actividades que la Afsca realiza de manera continua todos los días del año. Existe un sistema de guardias con fiscalizadores que controlan cuestiones como el cumplimiento del horario de protección al menor, las cuotas de contenidos nacionales, la cantidad de tiempo de la pauta publicitaria o temas más sensibles como eventuales violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También se reciben denuncias de interferencias de distintas señales. En función de esta suspensión, Sabbatella advirtió que también podría perjudicarse al erario público, ya que en base a esas fiscalizaciones se fijan multas o sanciones. Las autoridades de la Afsca exigieron expresamente que Ercolini sea notificado de las consecuencias de su decisión y se haga cargo de interrumpir el funcionamiento de un organismo público. “Un juez que de hecho le pone una faja de clausura a un organismo público demuestra que no tienen límites. La voracidad de los intereses económicos y corporativos que representan les pesa mucho más que la calidad institucional”, aseguró Sabbatella.
En el entorno de Aguad adelantaron que el lunes tomará posesión en el cargo el interventor. Hasta ese momento nadie ingresará al edificio y no habría ninguna actividad. Se le dará asueto administrativo a los trabajadores hasta el martes y el lunes arrancaría una auditoría “para ver en qué situación se deja al organismo”. Además, se informó que ningún movimiento de dinero podrá realizarse sin la firma del interventor. En el gobierno nacional estimaban que recién a comienzos de la semana podría haber una definición respecto de la medida cautelar.
El momento de mayor tensión del desalojo fue la redacción del acta policial, ya que los oficiales se resistían a incluir el detalle de las consecuencias que se generarían con la clausura y que esta contaba con el aval expreso de Ercolini. Finalmente eso se introdujo en el texto, junto con la negativa de entregarle una copia del acta a los funcionarios nacionales.
La mayoría de los trabajadores se retiraron del lugar apenas se informó de la realización del operativo. Quedó un pequeño grupo de colaboradores y los directores de las distintas áreas: Sergio Zurano (Asuntos Legales), Daniel Larrache (Gestión), Gustavo Hurtado (Delegaciones), Sebastian Rolandi (Relaciones Institucionales), Fernando Torrillate (Comunicaciones). Estuvo también Graciana Peñafort como abogada personal de Sabbatella y Hugo Cañón como asesor jurídico. El director designado por el Poder Ejecutivo, Ignacio Saavedra también se presentó en el lugar, mientras que los dos miembros que integraban el directorio por la segunda y tercera fuerza parlamentaria, Marcelo Stubrin (UCR) y Gerardo Milman (GEN) prefirieron dejar sus cargos para ocupar lugares en el ministerio de Seguridad y en la embajada de Colombia, respectivamente. Otros miembros del directorio como Néstor Avalle y Eduardo Rinesi estuvieron el jueves por la mañana y se mantuvieron también contacto con Claudio Schifer. Si bien Sabbatella lo negó, fuentes del kirchnerismo revelaron que durante el día hubo contacto telefónico con la ex presidenta Cristina Fernández.
A las 22.50, un agente de la Federal pegó la última faja sobre la puerta de la Afsca. Una hora y diez minutos antes del fin de noche buena (Página12).
