Tres presos de la cárcel cordobesa de Villa María fueron condenados a seis meses de prisión por estafar a una mujer de Venado Tuerto, a quien mediante un engaño le vaciaron la cuenta bancaria y solicitaron un crédito a su nombre.
A mediados de septiembre, tres jefes de ese penal fueron detenidos acusados de asociación ilícita. Puntualmente, la fiscalía les atribuyó cobrar dinero para permitir el ingreso de celulares desde donde se hacían estafas telefónicas.
La sentencia dictada este viernes en los tribunales de Venado Tuerto por el juez Eduardo Bianchini, mediante un juicio abreviado, hizo posible además que la víctima recuperara el dinero sustraído de su cuenta, quedara sin efecto el préstamo bancario y recibiera una reparación económica de $50.000, agregaron desde el área de prensa del Ministerio Público de la Acusación.
La estafa se inició en enero de este año, cuando tres presos alojados en la cárcel de Villa María, identificados como Sebastián Alejandro Fernández, Mauricio Gabriel Delgado y Héctor Enrique Gómez, contactaron a la víctima mediante un perfil falso en una red social.
La mujer había puesto a la venta un televisor en la sección Marketplace de Facebook, y los presos se mostraron interesados mediante un usuario femenino que resultó falso, explicó el fiscal del caso, Damián Cassullo.
“Le pidieron un número de teléfono y, simulando ser el padre de quien se había contactado inicialmente, le solicitaron por WhatsApp un número de Clave Bancaria Uniforme (CBU), para transferirle el pago”, dijo el fiscal.
Ante ese planteo, la víctima le dio los datos de una cuenta bancaria a nombre de su madre.
“Minutos después, el supuesto comprador le dijo que por error había realizado un depósito de dinero por una suma superior a la convenida, y adjuntó un comprobante apócrifo”, resaltó Cassullo.
A la vez, el fiscal relató que “por una línea con característica 011, un hombre que se presentó como asesor de otro banco se comunicó con la mujer que había recibido el comprobante”.
Y agregó que “la engañó para que ella hiciera una transferencia y brinde los datos de acceso a la cuenta de su madre, así como información sobre tarjetas bancarias”.
Con esos datos, los ahora condenados accedieron al homebanking, retiraron el dinero que había en la cuenta y solicitaron un préstamo por 175 mil pesos, que convirtió a la víctima en morosa bancaria al no pagarlo.
La mujer realizó la denuncia y aportó los números telefónicos de los cuales se habían comunicado con ella, lo que permitió al fiscal –mediante los impactos de antena– y con la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), establecer que las llamadas se habían realizado desde la cárcel cordobesa.
“Por los impactos de antena, determinamos que las llamadas entrantes y salientes y el tráfico de datos tuvieron lugar en el establecimiento penitenciario de Villa María”, mencionó Cassullo.
“Entonces –agregó–, se llevó adelante una intervención telefónica e identificamos a Fernández, Delgado y Gómez mediante el análisis de sus conversaciones”.
Con esas pruebas, el fiscal Cassullo llegó a un acuerdo con los defensores de los tres presos imputados, que fue homologado en la sentencia que los condenó a 6 meses de prisión efectiva, la devolución del dinero sustraído y el pago de una reparación por $50.000, detallaron voceros del MPA.
Además, mediante un oficio la Justicia resolvió que el banco suspenda el reclamo de cuotas adeudadas a raíz de un préstamo solicitado por los estafadores.
Penitenciarios y abogados en la mira
El jueves 14 de septiembre, la cúpula de la cárcel villamariense fue detenida bajo acusación de integrar una asociación ilícita a la que, entre otras corruptelas, se le atribuye permitir el ingreso de celulares desde donde se hacían estafas telefónicas.
La causa está a cargo del fiscal de Delitos Complejos cordobés Enrique Gavier, que además investiga desmanejos en el penal de Bouwer y, según la prensa cordobesa, está sumida en el hermetismo judicial.
El escándalo institucional se llevó puestos a tres abogados penalistas, sindicados de beneficiar la situación judicial de presos a cambio de dinero.
En el expediente del penal de Villa María –paralelo a la «causa Bouwer»–, se encuentran detenidos Andrés Américo Aciar, Edgar Ezequiel Arroyo y Néstor Gómez, director, subjefe de Operaciones y jefe de Seguridad, respectivamente. También se sumó el sargento de la Policía Mauricio Agüero, que pertenecía a la Brigada de Investigaciones de Bell Ville.
Fuente: Rosario3
