(Por Ignacio Bozikovich) El lunes pasado (7 de septiembre) se llevó a cabo una reunión del Comité de Seguridad del Nodo Venado Tuerto. Según relató a PR el responsable del Ministerio de Seguridad de esa región Juan Enrique Lombardi, participaron “un importante número de jerarquizados asistentes” que desde la organización del Concejo de Seguridad “es importante destacarlo” porque esto implica “una participación importante de los diferentes actores”. Pero señaló el momento de tensión institucional que atraviesa el Gobierno de Santa Fe con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en torno a la cuestión seguridad. El MPA es el organismo dentro del Poder Judicial que coordina el trabajo de los Fiscales; y que estuvieron ausentes en el encuentro. “Tenemos una pequeña problemática con el Ministerio Público de la Acusación, que no asistió a la reunión, diciendo que el problema de la inseguridad es un problema del Ministerio de Seguridad”, aseveró calificando de “muy mezquino” esa definición ya que “hay muchos más actores que se ven afectados a esta problemática”. Respecto a la inasistencia de algún representante del MPA Lombardi respondió: “le vamos a alcanzar copias de la ley para que la 
lean. La ley lo obliga a constituirse, es uno de los actores que está obligado y es preocupante que le tengamos que alcanzar a la justicia una ley para que implemente o haga cumplir. “Es preocupante”, reiteró. “También vamos a informar al fiscal provincia, Julio De Olazábal, para que nos indique quien concurrirá en representación del Ministerio», indicó. El MPA de General López, a cargo del Fiscal Regional Alejandro Sinópolis atravesó distintas situaciones de tensión con la policía del Departamento luego de que saliera públicamente a indicarla como «objeto de su investigación» y «parte del problema» de la inseguridad. El Minsiterio de Seguridad, salió a sostener la postura policial que, entre otras cosas, incluyó el pedido de destitución del Fiscal Sinópolis. Esa situación de tensión entre la Fiscalía Regional y la policía de la provincia, avalada por el Ministerio de Seguridad, continúa solapada. Este «faltazo» del MPA trae consigo una concepción no demagógica de la cuestión de la seguridad que es aquella que el Gobierno de la Provincia a asumido en el último tramo de la gestión Bonfatti; planteando claramente que no es función del Poder Judicial prevenir el delito.
