(PR) La obra de remodelación de la calle Belgrano en Venado Tuerto quedó en el centro de una fuerte polémica institucional tras una serie de revelaciones, comunicados cruzados y acusaciones de irregularidades en la contratación.
Lo que comenzó como una solicitud de datos sobre la cartelería en la vía pública derivó en un cruce de declaraciones que expone severas dudas sobre los controles en la obra pública local.
El conflicto se inició formalmente cuando el bloque de concejales de Ciudad Futura (Bruno Taddia y Florencia Giacometti) presentó un pedido de informes en el Concejo Municipal. La iniciativa buscaba esclarecer la titularidad de la empresa «Niva», cuyo nombre figuraba en los carteles publicitarios de la obra de remodelación de veredas en la calle Belgrano.
La presentación judicial y legislativa provocó un impacto inmediato en el territorio: apenas 20 minutos después de ingresada la consulta, los carteles de la firma «Niva» fueron retirados de la vía pública.
Al mismo tiempo, las redes sociales se hicieron eco de la denuncia, exponiendo que la titular de dicha firma figuraba inscripta como monotributista de la Categoría A, con un tope de facturación anual de 12 millones de pesos (aproximadamente un millón de pesos mensuales), una cifra extremadamente distante de los montos que maneja una obra de infraestructura de esa escala.
Los vecinos también sumaron quejas digitales cuestionando la calidad de los trabajos y advirtiendo la presencia simultánea de cuadrillas municipales junto a personal privado.
Ante el estado público que tomó el reclamo, el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, conducido por el venadense Lisandro Enrico, emitió un comunicado oficial firmado por la arquitecta Romina Mauri, inspectora de obra de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura.
El documento buscó dar precisiones y deslindar responsabilidades directas del Estado. Los puntos centrales del comunicado oficial sostienen que «Niva» es el nombre de fantasía de una empresa unipersonal perteneciente a Yamina Brisa Orozco (CUIT: 23-42204572-4), constituida en Venado Tuerto y con mano de obra local.
Según el comunicado, la firma no fue contratada directamente por el Estado, sino que fue subcontratada por la empresa PECAM SA, la contratista principal y responsable adjudicada para llevar adelante la remodelación de las veredas.
Mauri aclaró que la remoción de la cartelería publicitaria fue exigida por la propia inspección del gobierno provincial, debido a que las reglamentaciones vigentes prohíben estrictamente la propaganda privada dentro de las obras públicas.
La edila de Ciudad Futura, Florencia Giacometti, salió a cruzar el comunicado oficial, afirmando que el texto de la provincia «deja más preguntas que respuestas».
Giacometti calificó a la firma como «una empresa de fantasía, o más bien una empresa fantasma» y profundizó sus críticas apuntando a la viabilidad fiscal y técnica de la subcontratación.
La concejala enfatizó que la titular es una joven de 26 años registrada en la categoría más baja del monotributo. «¿Cómo hace para facturar una obra millonaria como es esta obra? ¿Cómo les paga a sus empleados?», cuestionó públicamente.
La legisladora también criticó que la firma carece de trayectoria previa demostrable y que no se encuentra debidamente inscripta, constituida ni registrada para la ejecución de obra pública.
El cuestionamiento final apuntó directamente al rol del Estado santafesino como supervisor. La concejala exigió saber cómo la provincia autorizó y validó una subcontratación en esos términos y bajo condiciones de tanta precariedad fiscal.
El caso permanece abierto en el escenario político de Venado Tuerto, abriendo un debate profundo sobre la transparencia en las cadenas de contratación y los límites de la tercerización en la obra pública.
