(PR) El juez Mauricio Clavero dictó la prisión preventiva para el dueño de un desarmadero ilegal de Venado Tuerto, tras el pedido formulado por el fiscal Horacio Puyrredón en una audiencia realizada este viernes a la tarde.
El imputado fue detenido en el marco de una serie de allanamientos llevados a cabo en localidades del departamento General López el último martes y es propietario de una chatarrería que no contaba con autorización para funcionar. «La venta ilegal de cobre es el último eslabón de la cadena y favorece el crecimiento del robo de cables», sostuvo el fiscal del MPA.
El sujeto, quien posee su chatarrería en barrio Iturbide de Venado Tuerto, es investigado por delitos vinculados a la comercialización ilegal de metales, encubrimiento agravado (por ánimo de lucro) y fue detenido el último martes en el marco de una serie de allanamientos realizados en distintas localidades del departamento General López.
Al respecto, Puyrredón planteó: «En función de las evidencias que aportamos desde la Fiscalía, la materialidad y la autoría del hecho por parte del hombre investigado están lo suficientemente claras para esta instancia procesal». «En los allanamientos no sólo se secuestraron cables robados y una gran cantidad de dinero, también se incautó una camioneta que es propiedad del imputado que era manejada por un empleado suyo para transportar el cobre robado», agregó.
Cabe destacar que los cables hallados pertenecerían a la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT), que sufrió una importante cantidad de robos en los últimos meses.
Último eslabón
En la audiencia celebrada este viernes, el fiscal hizo hincapié en «el perjuicio que genera a la comunidad el robo de cables» y detalló que «entre enero y febrero, la CEVT gastó alrededor de 91 millones de pesos en la restitución de los materiales sustraídos».
Además, argumentó que «la comercialización ilegal es el último eslabón de la cadena y favorece el crecimiento del robo de cables que, habitualmente, es cometido por personas de escasos recursos que exponen sus vidas a raíz de los riesgos que genera la manipulación de estos materiales».
En cuanto a los riesgos procesales, el fiscal recordó que «el imputado ya fue investigado por hechos ilícitos similares», y subrayó que «tiene capacidad económica para fugarse». «Ahora no tiene arraigo laboral a raíz de que fue clausurada la chatarrería ilegal de la cual es propietario», concluyó.
