El Defensor General de la Provincia de Santa Fe, Dr. Gabriel Ganón, y la Defensora Regional de la 4ta. Circunsrcipción Judicial perteneciente a Reconquista, Dra. Ariana Quiroga, concurrieron este jueves 19 de Marzo al 154° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-. Los funcionarios formaron parte del panel “Seguridad ciudadana y denuncias de tortura en Argentina”, compartiendo espacio conjuntamente con el Defensor ante la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano; y a la representante de Amnistía Internacional, Sabrina Frydman. Por su parte, el Estado Argentino participó de la mesa de debate, representado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Juan Lewis; el Subsecretario de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires, César Albarracín; el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén; y la Cancillería argentina, representada por Javier Salgado.
Ganón expuso un panorama general de la situación que transita actualmente la provincia de Santa Fe en materia de tortura y tratos crueles por parte de los organismos represivos del Estado, ante la Presidente de la CIDH, Rose – Marie Antoine; el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro, y el Comisionado Paulo Vannuchi.
El Defensor, manifestó que la mayoría de los casos de tortura tienen que ver con la participación de policías en procedimientos irregulares de detención sobre un grupo particular de personas. En ese sentido, indicó que “cuando iniciamos el camino en la confección de un Registro Provincial de Torturas y de tener una práctica activa por parte de la Defensa Pública, conocíamos sobre el intento de desmantelamiento del Registro como así también, fuimos víctimas de numerosos actos de hostigamiento”.
Asimismo, definió a la tortura como una “práctica sistemática e impune”. También, informó a las autoridades sobre las restricciones materiales y presupuestarias que sufre el Servicio Público Provincial de Defensa Penal en Santa Fe. A su vez, el Dr. Ganón destacó, que el 29% de las víctimas son mujeres y que el 80% de las personas denunciadas son parte personal que cumple funciones dentro de la estructura policial.
Además, puso en público conocimiento un relevamiento realizado por la Defensa Pública, en el que la mayoría de los casos denunciados en sede judicial en solo un año, no tuvieron ningún tipo de avance en la investigación durante el período indicado.
Este comportamiento y accionar en la administración de justicia, también fue relevado por este Ministerio a partir de la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio, que se inició el 11 de febrero de 2014 en la Provincia de Santa Fe. En este sentido, explicó que se han puesto en conocimiento, tanto de los Jueces penales como de los Fiscales que integran el Ministerio Público de la Acusación, situaciones particulares de tortura, y que, aún así, esto no significaba iniciar una investigación judicial. Las únicas denuncias abiertas, son aquellas en que la Defensa Pública participó activamente y acompañó a la víctima a realizar el requerimiento.
En tanto, dispuso “tener en consideración, la insuficiencia en Santa Fe de mecanismos de protección de las víctimas de tortura” y dijo que las personas que sufren este tipo de delitos no los denuncian por “dos circunstancias”: una, porque temen sufrir represalias; y otra, porque la administración de justicia no investiga los delitos de tortura.
Se hizo hincapié en la falta de autonomía de la Defensa Pública, que impide definir materialmente las políticas en resguardo de la defensa en juicio, el acceso a la justicia y la protección contra situaciones de violencia institucional como ejecuciones, torturas, condiciones inhumanas de detención o la aplicación generalizada de la prisión preventiva.
Logró indicarse que dicha autonomía debe estar orientada a otorgar capacidad efectiva para administrar sus propios recursos financieros y humanos, como a su vez, mantener una autogestión respecto de las decisiones disciplinarias. La Defensa Pública, ha sufrido la restricción en la transferencia de recursos presupuestarios necesarios para materializar la autarquía financiera, dado que aún depende de las partidas asignadas por el supremo órgano judicial de esta provincia.
Y, señaló que, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y el Poder Ejecutivo provincial continúan obstruyendo, desde hace más de dos años y medio, el proceso de designación del Secretario de Prevención de la Violencia Institucional y Asistencia del Condenado y Detenido, y de la Subsecretaria del Registro provincial de casos de Tortura, dos funcionarios que son indispensables para el desarrollo del área y para que la prevención de la tortura sea una cuestión esencial en la agenda de la defensa.
Por último, se realizó un petitorio a las autoridades del Estado Argentino, para que cumplan con: a) La puesta en funcionamiento de un mecanismo provincial de prevención de la tortura; b) el no desmantelamiento de los registros de torturas; y c) la posibilidad que el Defensor Público represente a las víctimas y que, además, pueda convertirse en un actor relevante como Defensor de Derechos Humanos.
La CIDH, a través de sus miembros, reconoció el estado de situación expuesto por el Defensor General. El Comisionado Vannuchi, explicó que “la lucha contra la tortura es central en toda la afirmación histórica de los derechos humanos”. Y, a su vez, indicó que Argentina es un caso ejemplar en la sanción de la tortura y que es por ello, que “no puede tener hoy impunidad”. Es por ello, que definió esta disputa como una “obligación moral e histórica de todos los Argentinos”.
El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad, James Cavallaro, felicitó, tanto a la Defensoría de Santa Fe, como a la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y de la Provincia de Chubut -quien aportó datos sobre datos de tortura en su región-, por el archivo y el registro de los casos denunciados por torturas. Además, destacó “la eficacia y excelencia en el trabajo y el registro que hacen las Defensorías”. También, declaró que la “autonomía es un elemento fundamental para realizar este trabajo”. A lo que agregó que “es una fuente de preocupación las restricciones presupuestarias y de hostigamientos” que hoy en día sufre la Defensa Pública de la Provincia de Santa Fe.
