(Pueblo Regional) El senador departamental Lisandro Enrico, presentó un proyecto de ley impulsando el trabajo de los presidiarios santafesinos y remarcó que en la actualidad sólo el 8 por ciento de los presos realizan una actividad laboral.
“Este proyecto toma como base lo que ya existe en Santa Fe de nivel nacional. Hay una ley nacional, que es una ley marco, que es la ley de ejecución penal que establece un criterio que las provincias pueden tomarlo en todo o en parte, porque es una ley a la que las provincias pueden adherir o no”, explicó el legislador.
En el caso de la provincia la adhesión fue en parte: “La realidad carcelaria que tenemos en Santa Fe, es que hay una población en cárceles cercana a los 2.500 internos y sólo el 8 por ciento cumple tareas laborales, a través de formación laboral, con una interesante red de talleres y formación de oficios que tiene la provincia”, explicó Enrico.
Con su proyecto de ley el senador pretende “buscar la manera de que los presos empiecen a tener mayores acciones laborales y reforzar los módulos educativos a los que puedan acceder los internos. El otro punto es el abordaje espiritual a través de las iglesias que cumplen un rol importantísimo en las cárceles”.
Según precisó el legislador “este proyecto plantea un deber que si no se cumple afecta la trayectoria del interno en cuanto a su legajo o su conducta para acceder a beneficios como las salidas transitorias, por ejemplo”.
Por otra parte, apuntó que el artículo 9 del Código Penal establece que las personas que tengan pena de reclusión “tienen el deber y la obligación de trabajar para pagar los gastos que han ocasionado a la víctima, para costear los gastos que le ocasionan al Estado, una mantención para su familia y un aporte para el propio preso. La ley nacional fija que si un preso va a trabajar, debe tener un sueldo. Este punto Santa Fe lo llevó a la justicia, no tiene empleados en las cárceles y los que están en actividad están haciendo una formación laboral, y tienen un incentivo, un aporte económico”.
En cuanto a los artículos producidos por los presidiarios van al propio Estado, que los redistribuye en bancos y sillas para escuelas o mobiliario para planes de viviendas.
Por otra parte, Enrico cuestionó que “tengamos pabellones sin revoque, sin pintura, sin limpieza y a 300 personas encerradas con el celular. Esto no es una opción para el preso, es un deber porque la persona que está presa es porque dañó a otra o a la sociedad y, de alguna manera, tiene un deber hacia la misma”.
