El Senado sancionó por unanimidad (48 votos positivos) la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe, que tiene como objetivo acelerar el proceso hacia la implementación del sistema acusatorio y contribuir en la lucha contra el narcotráfico. Se crean medio centenar de cargos de fiscales, jueces y defensores.
La norma fue motorizada a partir de la escalada de violencia que se registró en Rosario en los últimos años y, particularmente, en los últimos meses, con la amenaza a Lionel Messi incluida.
De hecho, el proyecto nació del consenso entre diputados oficialistas y opositores de la provincia, que lo presentaron en mayo de 2022, pero recién se aceleró su tratamiento en marzo pasado a partir de todo lo acontecido.
La Cámara baja lo aprobó hace dos semanas atrás, y desde que fue girado al Senado no pasó por comisiones, por lo cual se votó sobre tablas.
La norma establece la creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
También, la creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.
Además, determina la creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto; de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe; y de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.
Uno de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”. Fuente
El Parlamentario
