(PR) El viernes 19 de enero, se llevó a cabo un operativo anti microtráfico por parte de la Policia de Investigaciones (PDI). En el lugar, “se pudo observar a dos sujetos realizando un negocio de comercialización de estupefacientes: un comprador y un vendedor”, especificó el fiscal Horacio Pueyrredón.
Atento a lo establecido en la nueva Ley Provincial para la persecución de este tipo de delitos y en el marco de la ley 23.737, se procedió a la aprehensión del vendedor y el posterior traslado con secuestro de sustancias prohibidas, marihuana y cocaína, 3 teléfonos celulares y dinero en efectivo a la Comisaría Segunda de Venado Tuerto. El vendedor quedó imputado en el día de hoy.
“El artículo 5, inciso C de la ley 23.737, prevé una pena de 4 años de mínimo y 15 de máxima, lo que por supuesto prohíbe cualquier tipo de libertad, porque la pena es de ejecución efectiva. Así las cosas, se realizó la audiencia imputativa de cargos con toda la evidencia colectada y luego se realizó la audiencia de medida cautelar. Se pidió la prisión preventiva ordinaria por tener acreditado los 3 incisos del artículo 220 y el juez accedió al otorgamiento de la prisión por un plazo de 30 días para que la Fiscalía realice la acusación que será presentada dentro de ese plazo, a los efectos de poder llevar adelante el juicio oral correspondiente por este tipo de delitos”, explicó Pueyrredón y agregó que sólo resta que Fiscalía realice la pericia de laboratorio, que ya fue constatada en el reactivo de campo que se realiza en el momento del hecho, arrojando resultado positivo para marihuana y cocaína.
En este marco, Pueyrredón amplió el tema alegando que “esta nueva Ley Provincial viene a colocar en cabeza del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Justicia provincial, todas las investigaciones y resoluciones en materia de venta de estupefacientes. Puntualmente lo que hace al último eslabón de la cadena del narcotráfico, que es la venta de drogas”.
Por otro lado, resaltó que “esta ha sido una política del nuevo Gobierno y también del MPA, perseguir este tipo de delitos que son un flagelo para la sociedad, no sólo en cuanto al delito sino también a la salud pública. El microtráfico atraviesa luego al resto de los delitos que padece la sociedad en su conjunto. Sabemos que es transversal porque nos encontramos a diario en otras investigaciones, ya fuera hurtos o robos incluidos muchas veces hechos de violencia de género que se ven atravesado por la existencia de estupefacientes, ya fuera por el consumo, situación que no está prohibida ni penada por la ley, a partir del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Más adelante, el fiscal afirmó que ante la existencia, en muchos casos se da previamente la compra, por lo tanto, la venta, el ofrecimiento y la posterior tenencia de estupefacientes para el comercio. “Este es un típico caso de esos y en consecuencia ha actuado la PDI de Santa Fe, el MPA y ha resuelto el juez Eduardo Bianchini ordenar la prisión preventiva del imputado”, remarcó.
“Ha sido contundente el Poder Legislativo, no se ha equivocado en la redacción de la norma, que es la voluntad republicana, la de contribuir a una sociedad mejor persiguiendo este tipo de flagelos. En sus últimos eslabones de la cadena, el consumo de estupefacientes influye negativamente en individuos de distintas franjas sociales, pero además, y por sobre todas las cosas, contribuye a potenciar la inseguridad de la comunidad. Por supuesto que, lo que se intenta con esta nueva ley, es darle dinamismo a este tipo de investigaciones para obtener rápidos resultados que vengan en provecho”, afirmó.
Pueyrredón sostuvo que además la ley, también prevé para el consumidor la posibilidad de comenzar tratamientos médicos gratuitos estatales que le permitan alejarse del consumo para poder recuperar su salud. “Yo creo que es una ley absolutamente justa que viene a cubrir una falencia existente en la provincia de Santa Fe y que el resto de las provincias limítrofes ya estaban aplicando con anterioridad”, opinó.
Finalmente enfatizó que “la gran mayoría de estos fallos son concordantes en que el Estado provincial investigue y que de alguna manera traiga soluciones a un problema actual del país como lo es el envenenamiento liso y llano de jóvenes por droga, y no sólo poder abordarlo desde el ámbito penal sino también del lado de la salud pública”.
