Ayer sábado por la tarde vecinos y organizaciones sociales se congregaron en la Plaza San Martín de Venado Tuerto para realizar un banderazo en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras y la extranjerización del territorio nacional. Bajo las consignas: «La tierra no se vende, no se quema y no se desaloja» y defensa de la soberanía territorial elevaron varios discursos ante los asistentes al lugar.
En la tarde de ayer alrededor de cien vecinos se convocaron en la Plaza San Martín para declarar su desacuerdo al proyecto de ley que impulsa el gobierno de Javier Milei, que podría ser votada esta semana en el Senado.
Las consignas predominantes por los manifestantes fueron por la defensa de la soberanía y «La tierra no se vende, no se quema y no se desaloja», también se sumó “Las Malvinas son argentinas (y el resto también)”. Todas estas declaraciones fueron acompañadas de banderas argentinas y micrófono abierto en donde se expresaron, entre otros, Pablo Giorgis, presidente comunal de Santa Isabel; Francisco Prola, docente; Vicky Menegozzi de Venadenses Autoconvocados; Victor Ubalton, de La Bancaria; Florencia Giacometti, concejal de Ciudad Futura y Leandro Scardulla de Juventud Hacemos Venado.
Además, participaron algunos dirigentes como la diputada provincial Rosana Bellatti, los concejales de Ciudad Futura, Florencia Giacometti y Bruno Taddia, dirigentes sindicales, como los referentes de la CGT Regional, Christian Viano y Claudio Covicchi, además de los colectivos Venadenses por la Democracia, Jubilados VT y Agite Feminista, entre otros. A ellos se sumaron una importante cantidad de vecinos interesados en la causa.
¿Qué dice el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada?
Es una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca limitar las facultades del Estado en materia de expropiaciones, facilitar desalojos y modificar el régimen de tierras rurales. El proyecto se encuentra actualmente en debate legislativo en el Senado de la Nación. Propone calcular las indemnizaciones sobre el valor de mercado e incluye topes y criterios específicos para el lucro cesante, restringiendo la capacidad del Estado para declarar utilidad pública. Busca eliminar el límite nacional del 15% de extranjerización de tierras y las restricciones para adquirir inmuebles con cuerpos de agua o en zonas de frontera, delegando en todo caso potestades a las provincias. Introduce modificaciones orientadas a acelerar procesos de desalojo y plantea cambios en normativas vinculadas al manejo del suelo tras incendios fuera de áreas protegidas de bosques nativos.
En Argentina, el principio general de que la propiedad es inviolable ya está consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, el cual regula también los requisitos formales y la indemnización previa en casos de expropiación por utilidad pública.
Los sectores impulsores defienden la norma como un instrumento clave para garantizar la seguridad jurídica y atraer inversiones extranjeras, en tanto que sectores críticos y organizaciones sociales cuestionan sus efectos sobre la soberanía territorial, el manejo de recursos naturales y la continuidad de políticas en barrios populares.
