Venado Tuerto/ Región- El 26 de junio fue el “Día internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”. En el último tiempo comenzó a visibilizarse la problemática del consumo y el tráfico en las calles de Venado Tuerto y la región. La oleada de narcotráfico que se expandió por la Provincia tiene sus manifestaciones locales. Si bien los índices de violencia vinculada al negocio ilegal de drogas no son tan significativos como en otros distritos (departamento Rosario, fundamentalmente) implica una responsabilidad para las autoridades públicas y plantea el debate al seno de las comunidades. Andrea Pignatta, integrante del equipo interdisciplinario municipal que aborda la problemática de adicciones (Cepla) y Leonel Chiarella, concejal electo por el FPCyS-UCR interesado particularmente en al problemática; debaten.
“Hay una cuestión que es reiterativa: dónde encontrar ese lugar de contención. En Argentina, y esto es un problema nacional, tenemos que hacer hincapié en dos cuestiones: uno es el tráfico ilícito de drogas, como hacemos para frenarlo; el otro, es el uso indebido de drogas, y en eso hay que hacer un trabajo con diferentes instituciones, y ahí juega un papel central el estado municipal, que es el que está cerca de la gente. El estado puede brindar soluciones materiales, pero hay un lugar donde el estado no llega, que es al espíritu, y ahí si llegan algunas iglesias. Obviamente con esto no alcanza, pero sí que es un paso”, comenta el joven concejal radical.
La perspectiva del abordaje y la metodología a implementar para el tratamiento de adicciones cobra actualidad. En ese marco, se plantea la discusión en torno a las medidas y acciones necesarias para llevar a cabo la tarea de asistencia y prevención: “desde la experiencia municipal, hay que resaltar un cambio de paradigma en el abordaje de las adicciones. En una mirada global hay dos paradigmas: uno es el prohibicionismo, en recargar las tintas contra el sujeto o la sustancia, en un marco de lucha contra las drogas, que es una lucha que librada de esta manera se perdió. Podemos asumir esa responsabilidad y hacer un giro. El kirchnerismo plantea una restitución de derechos y la Sedronar aborda las adicciones desde la inclusión como prevención. Trabajando en el campo de la prevención inespecífica, brindado herramientas para que el sujeto pueda armarse de otra manera y pueda elegir entre una gama más amplia de ofertas”, dice Pignatta.
En el último tiempo, a partir de un cambio de orientación de las políticas nacionales, a nivel municipal se han tomado resoluciones que apuntan a mejorar la intervención estatal en el asunto: “Dentro del trabajo municipal, desde el 2008, hay un nuevo plan de gestión en las áreas de salud, con la descentralización, que contamos con centros comunitarios, que son equipos interdisciplinarios, ubicados en todos los barrios y zonas de la ciudad. En el Cepla, que se va a construir en zona norte, contamos con seis equipos territoriales, en Santa Rosa, San Vicente, Villa Casey, Malvinas Argentinas, San José Obrero y zona norte. Es donde más equipos territoriales hay: médicos, nutricionista, psicólogo, asistente social, profesionales que están para escuchar e intervenir en los casos que lleguen. Es el primer nivel de atención. Como segundo nivel de intervención está el área de salud mental del Hospital. De los centros comunitarios también tenemos becas de estudio, oficina de empleo, porque sabemos que no solo es la pata asistencial”, comenta la psicóloga.
El rol del estado y el papel de la política
En Venado Tuerto funciona la línea 141, que está disponible las 24 horas para cualquiera que recurra a ella. Además, se crearon los Cepla, centros locales de prevención, que son dispositivos previos a cualquier diagnóstico puntual, y se trabaron convenios con distintas granjas y lugares de rehabilitación para los casos necesarios.
“En el tema de drogas tenemos que hacer una visión integral, trabajando todos en conjunto. El narcotráfico azota a nivel mundial, y hoy nos debatimos si dejamos de ser un país de tránsito a ser productores. Esa es una discusión importante. No es casualidad el crecimiento de la venta de droga, es la falta de una política de estado. Hoy tenemos el 24% de la frontera radarizada, con radares que toman solamente altura hasta 2 mil metros. El 34% de las exportaciones se realizan desde el puerto de San Lorenzo, que tiene una sola lancha para controlar la salida de mercadería: entre 2002 y 2012 se descubrieron 156 laboratorios donde se produce cocaína, pasta base y otras drogas sintéticas. Por eso tenemos que ver cuáles son las políticas que desde el estado brindamos para frenar el ingreso de drogas”, detalla Chiarella.
El panorama es preocupante y su intensidad exhibe la falta de respuestas disponibles a partir de los recursos y herramientas existentes en el estado. “En Venado Tuerto no había nada, y cuando llegas a un territorio así, hay que hacer mucho trabajo. En esto no tiene que ver un partido político u otro, tenemos que ser más inteligentes. En el concejo no encontré ni un solo proyecto de los últimos cuatro años relativo a las drogas”, agrega el concejal electo.
Desde su espacio político, que encabezaba junto con Juan Ignacio Pellegrini, al amparo del senador Lisandro Enrico, firmaron un acuerdo previo a las elecciones con el candidato a gobernador, Miguel Lifschitz, donde se planteaban estas necesidades y se proponía la creación de un centro de tratamiento de adicciones en el edificio del viejo hospital. “También hemos propuesto el programa Ángel para trabajar en coordinación con las instituciones para que las personas no tengan solo una recuperación médica sino también una reinserción en la sociedad. El diagnóstico ya está, hay que empezar a trabajar. Se tienen que terminar las complicidades por acción y omisión, hay que perseguir a los que venden drogas y se enriquecen con este flagelo. Pero no estamos de acuerdo con la legalización”, sintetiza el dirigente radical.
La coordinación de los trabajos, en muchos casos, queda trunca a partir de las diferencias políticas entre los distintos niveles del estado. En Rosario, por ejemplo, la Sedronar coordinó la construcción de los centros Cepla con la Universidad Nacional de Rosario y el Movimiento Evita, por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno municipal, de gestión socialista.
“El abordaje de las adicciones es algo que hay que trabajarlo profundamente, hay que saber quién sería el personal que estaría a cargo. El personal que tiene la Provincia es muy poco, por lo que poner en funcionamiento el lugar necesitaría adecuar el edificio y también preparar los equipos. Nosotros lo estamos haciendo a través de la Sedronar, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Planificación, con el programa Recuperar Inclusión, desde marzo del año pasado, y se está invirtiendo fuertemente en recursos y capacitación. Hoy hay más de 100 equipos territoriales a lo largo y ancho del país. Santa Fe, después de Buenos Aires, es la que con más dispositivos cuenta: hay 7 Cepla y 2 Set (casas educativas-terapéuticas)”, cuenta Pignatta.
Institucionalización o tratamiento ambulatorio
Uno de los problemas principales es el tipo de abordaje que se plantea desde el estado. En eso queda en juega la concepción misma sobre el problema de las adicciones. “No somos solo sujetos espirituales, ni físicos, sino que somos integrales, y el abordaje tiene que ser de forma integral. Algo que tenemos que asumir es que ese vacío y esa falta siempre va a estar y no necesariamente hay que tapar o llenar. La frustración es parte de nuestra vida, y no todo hay que colmarlo. Asumir eso es fundamental. A las personas se les tiene que ofrecer, como estado, la más amplia gama de posibilidad. Si la disyuntiva está entre la adicción, la esquina, la violencia, la falta de trabajo, la delincuencia, son pocas las oportunidades”, define la psicóloga venadense.
En ese sentido, la propuesta sobre el tipo de tratamiento a desarrollar gana relieve. “No es la solución el encierro, pero sí en Venado Tuerto hace falta un lugar para que la persona que tiene problemas de adicciones encuentre un espacio para recibir un tratamiento médico para su diagnóstico y su rehabilitación. Nosotros seguimos proponiendo que el viejo hospital funcione como centro de tratamiento de adicciones. En Venado no hay lugar que trabaje de esta manera, y el que quiera luchar contra su adicción, tiene que recurrir a la instancia privada, que tiene costos de 15 mil pesos mensuales. La internación es una última medida”, resume Chiarella.
La decisión que los organismos públicos toman para enfrentar esta problemática es una decisión política que pone en juego los recursos del estado. Existen varios proyectos vinculados, con diversas propuestas sobre cómo intervenir y mediante qué instrumentos. El trabajo en conjunto es resaltado por ambos como una prioridad. “Es necesario ampliar las plantas de salud mental en los hospitales, que no siempre están pensadas como áreas específicas y necesarias. El Hospital es de Venado Tuerto y la región y necesita de profesionales. Hoy el área de salud mental cuenta con apenas dos cargos para psiquiatras, dos para psicólogos (uno de los cuales es compartido por dos profesionales) y uno para la trabajadora social. Esa es toda la estructura para atender todos los problemas de salud mental de la región, incluyendo adicciones. Pero también los establecimientos privados no internan por crisis subjetivas; así que si tenés obras sociales como OSDE o ACA y sufrís un brote tenés que recurrir al Hospital; y las guardias en salud mental son pasivas. Una política seria de prevención de salud pública demanda decisiones presupuestarias”, dice Pignatta.
La nueva conflictividad social propone desafíos para el estado. El problema del tráfico ilegal de drogas se enlaza con la marginalidad, el entretenimiento, el consumo, y el funcionamiento del sistema penal-judicial: no es un problema sencillo y en las respuestas que se le den, queda cristalizado un determinado enfoque. Al respecto, Pignatta es clara en la orientación política que se ofrece para ocuparse del tema en la ciudad: “creemos que no hay que criminalizar al adicto y no penalizar al que está sufriendo. Hay que hacer una división entre la persecución del narcotráfico y entender que el consumidor está en una situación de vulnerabilidad, y hay que intervenir con la asistencia. No sé si estamos en condiciones de legalizar, porque nos debemos un debate profundo”.
