La amplia presencia del senador radical Lisandro Enrico en los medios de comunicación insistiendo en las fallas del poder judicial y la necesidad de que los jueces y fiscales actúen de acuerdo a sus propuestas plantea un panorama de dificultad para el funcionamiento de la justicia. La actuación del legislador suele ser mediática y no reproducirse en medidas específicas que avancen por los carriles institucionales dispuestos para resolver los problemas señalados. De esa forma, la situación parece reducirse a una campaña de deslegitimación que procura condicionar el desempeño de los operadores de justicia.
“Es todo un desafío para quién administra justicia deshacerse de toda esa cuestión mediática que se genera en torno a estas cuestiones, especialmente en el ámbito penal. Uno vive en un contexto social, no es ajeno a lo que pasa alrededor. Pero un juez tiene que fallar conforme a derecho más allá de esas presiones –dice el juez Tomás Orso-. Siempre tiene que tener en cuenta las repercusiones de los fallos que emite, pero eso no quiere decir que siga la tónica que se le pretende dar a determinada gestión, por ejemplo, en materia de prisión preventiva, que hay que analizarla en cada caso particular”.
La batalla que Enrico viene dando para reducir la concesión de prisión preventiva y aumentar la dureza de las penas tiene un terreno de juego fundamental en los medios de comunicación. Con presencia casi cotidiana, grandes pautas publicitarias, entrevistas televisivas y radiales, las giras mediáticas logran sembrar disconformidad sobre una base de lugares comunes y frases hechas que terminan por distorsionar la realidad del funcionamiento judicial y, más aún, la situación social conflictiva que vive la región.
“Estamos hablando de libertad de expresión, no se lo puede cercenar, es un ciudadano y es un representante del pueblo. Por otro lado, cada magistrado tiene que posicionarse y en el momento de resolver debe hacerlo conforme a su conocimiento y sus convicciones, no se puede quedar bien con determinado sector o con algún funcionario”, agrega el magistrado.
La situación del poder judicial, con la reforma del Código Procesal Penal de por medio, tuvo una mejoría, reconocida por casi todos los sectores. Sin embargo, aún subsisten las taras propias del sistema que lo vuelve parcial, con un corte clasista, siempre orientado para el beneficio de algunos pocos. La cuestión de los recursos asignados es central a la hora de evaluar la agilidad de su funcionamiento.
“En el caso puntual donde trabajo, nosotros tenemos una serie de vacancias, de dos integrantes. También peticionamos que se abra el registro de subrogantes y se cubran algunos cargos de jueces, que dejen de ser interinos. Estamos con esas falencias, que no creo que sean tan graves como se lo remarcó. Una ciudad como Venado está requiriendo una cantidad de recursos humanos más abundantes”, dice Orso.
“A mí me parece más adecuado atacar las causas y no las consecuencias”
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el senador Lisandro Enrico en sus recorridas mediáticas es que los jueces liberan indeliberadamente a criminales peligrosísimos. De esa manera, sin apuntar datos concretos sobre la situación general del sistema penal y penitenciario de la provincia, enfocando sobre casos particulares, se incrementa el pánico y se propicia la legitimación de las medidas de mayor endurecimiento represivo. Es la teoría de la puerta giratoria, que en realidad gira y gira, pero mantiene adentro siempre a los mismos.
“El planteo que hacen estos dirigentes se asientan sobre la base de la peligrosidad social del imputado, que algunos códigos, como en Chile, están expresamente previstos. En esas legislaciones, el juez tiene más herramientas para disponer la prisión preventiva sin antecedentes condenatorios. Hay que diferenciar causas en trámites, que mantiene todavía la presunción de inocencia. Lo que tenemos muchas veces por la ineficiencia propia del sistema, principalmente del anterior, es que hay personas con causas en trámites, pero sin antecedentes condenatorios. Mientras no tengamos un sistema que produzca esos antecedentes condenatorios, que sea eficiente, muchas veces vamos a estar en esta situación”, explica Orso.
El pedido de más fiscales, policías de investigación y recursos se plantea como uno de los ejes centrales para desanudar la problemática de la seguridad, muchas veces reducida a una cuestión netamente de controles, con la exigencia de mayor presencia policial en las calles, decisiones autoritarias desde el estado, una actuación sobre las sensaciones. Cuestión de causas y consecuencias, de sensaciones y episodios.
“A mí me parece más adecuado atacar las causas y no las consecuencias. Si tuviéramos una política de inclusión, seguramente bajarían los índices de homicidios. También podríamos tener una política de prevención más adecuada, y recién después ocuparnos en el juzgamiento de las personas que cometieron un delito. El problema de inseguridad existe y la sociedad reclama respuesta, así que la cuestión de sumar recursos y funcionarios, en algún lado es una respuesta, aunque creo que la solución más racional es atacar las causas”, cierra el juez.
Enrico sos un chanta!! De esa misma forma mal informa con el trasladó de penitenciaria en Melincué, cuando lo que quiere es poner una U.P. con que plata?? 60 millones?? El puente de Duran salió 41 millones. Deja de de mentir!! Chanta!!