De las incorporaciones al esquema de trabajo del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, la de Marcelo Saín es una de las de mayor relevancia. Conocido criminólogo, con vasta trayectoria en la esfera académica y en la función pública, entre otras funciones fue viceministro de Seguridad bonaerense entre 2002 y 2003, primer director civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y director hasta diciembre de la Escuela Nacional de Inteligencia, creada en consonancia con la disolución de la ex Secretaría de Inteligencia tras la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.
Saín trabó relación con el gobernador Miguel Lifschitz cuando éste era intendente de Rosario. Estuvieron en contacto regular hasta que el mandatario lo convocó para brindar asesoramiento a su gestión. Hace diez días Saín mantuvo en Rosario una reunión con todo el equipo del ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro. Escuchó uno por uno a directores, subsecretarios y secretarios de la cartera.
El especialista dio un audible espaldarazo al plan de seguridad anunciado por Pullaro hace un mes, que en Rosario se asentará en tres bases: reformulación del servicio policial; reemplazo de las 32 comisarías por megacomisarías en cada centro de distrito municipal y plan de patrullaje sujeto a la información criminal procedente de los sistemas de denuncias (policiales y fiscalías) y del servicio 911 con el que se definen mapas delictivos en tiempo real.
Saín tiene motivos para ser entusiasta con este plan: es el que hace años defiende en conferencias, libros y en las experiencias en las que intervino como funcionario.
Diseño y control. «La gestión que inauguran Lifschitz y Pullaro tiene alguna continuidad con el diseño policial que viene de la etapa de (Raúl) Lamberto. Pero hay algo novedoso, que no veía en la gestión anterior, que es asumir en serio que lo que no se conoce no se puede controlar», dice Saín. «En Argentina se adoptó una modalidad de gestión en seguridad a ciegas, donde la dirigencia política invisibiliza los problema delictivos y criminales para no pagar costos políticos. Esto de ahora es un cambio de paradigma. Se buscará conocer la envergadura de los delitos y de las violencias para atacarlos. Esto inaugura a mi juicio esta gestión en Santa Fe: sistematizar información que ya está dentro del sistema policial y judicial pero no ordenada, colocar esos datos en una matriz analítica y producir conocimiento sobre estas cosas. Al mismo tiempo se reformula el mando según los servicios policiales: seguridad preventiva, operativa, comunitaria, vial, investigación. Se va a gestionar seguridad pública sobre la base del conocimiento criminal pero al mismo tiempo se rediseñará la policía para atender cada uno de esos problemas. Policías para resolver problemas puntuales. Se ingresó en una etapa de diseño que requiere desburocratizar unidades históricas, trabajar en el bienestar de los policías, armar un modo operacional distinto, incorporar tecnología para la acción. Tener policías para resolver problemas criminales es el corazón del cambio. Son los primeros pasos».
—Que no haya más comisarías supone un factor de incertidumbre para la población.
—No debería ser así. Hoy las comisarías son oficinas de trámites pero no les dan seguridad a los vecinos que viven a diez metros de ellas. Lo que se genera en las mayores ciudades de Santa Fe es un circuito operacional nuevo para la policía y eso no precisa de las comisarías como las conocemos. La importancia de tener claro la magnitud de violencias y delitos, cómo se producen, en qué lugares, con qué frecuencias, en qué franjas horarias y qué impacto tienen sobre la sociedad no es menor para saber cómo intervenir. Si uno tiene muchas personas muertas en situaciones de femicidio y delitos predatorios en la vía pública, al norte de la política de la seguridad lo tiene que marcar eso. Pero primero hay que tener datos que así lo marquen. En Buenos Aires el 70 por ciento de los homicidios ocurren por conflictos domésticos, un 15 por ciento en ocasión de robos y otro 15 por balaceras en disputas territoriales muy focalizadas. Lo que se ve ahí es que la prioridad número uno, si se quiere bajar los homicidios, es trabajar en el seno de los hogares, algo que no está instalado como problema de seguridad. Eso no significa desatender el control de la calle. Pero saber dónde se cometen esos delitos y en qué horarios permite un policiamiento más focalizado y no a ciegas. La reforma en Santa Fe tiene a eso como central y eso es lo valioso. Los países que tuvieron un salto de calidad en dominar el crimen son los que se han esforzado por conocerlo. No he conocido experiencias en Argentina de la envergadura que tiene esto que empieza en Santa Fe.
—¿Qué visión tiene de la gestión de seguridad iniciada con Macri en el gobierno nacional?
—Lo que ha hecho es tomar dos temas que preocupaban a los sectores medios: la cuestión del narcotráfico y el control de la protesta social. El narcotráfico se transformó porque Argentina se convirtió en una plataforma de tránsito de cocaína hacia el mercado europeo. El problema del mercadeo minorista en las grandes ciudades, sin embargo, no forma parte de la emergencia para el PRO. No tienen política para el tema. El operativo Frontera Norte tiene una sola medida operacional que son las reglas para la defensa área para vuelos furtivos, que tiene la posibilidad del derribo de naves sin autorización de vuelo. Esas reglas responden a normas internacionales de aviación civil y estaban vigentes en Argentina solamente en cumbres presidenciales como asunto de seguridad nacional. La única materia operacional del PRO es la regla de derribo, que es de cumplimiento imposible porque Argentina no cuenta con radares ni aviones cazas para interceptación. Eso lo que prueba es que es más importante el anuncio que la medida concreta y con una medida que hace 20 años es fracaso probado. EE UU tiene la frontera con controles radáricos y satelitales de flujo de mercancías más sofisticados del mundo. Y aún así 2 mil kilos de cocaína pura ingresan cada año a EE UU. Para hacer control de frontera seca y frontera fluvial no hay nada. Esto es un paquete para la tribuna, al igual que el protocolo contra manifestaciones, que no se tradujo en ninguna legislación interna en las provincias.
—¿Qué efectos tiene no intervenir sobre narcomenudeo?
—Al mercadeo interno minorista lo regula la policía. El propio Estado participa de este negocio.
Cambiemos no está dispuesto a trabajar sobre la hipótesis de la policía controlando el narcotráfico. Lo que están haciendo es una reforma de hecho de la Policía Federal. Dividieron la institución en dos partes. Una se la dieron al comisario (Guillermo) Calviño que conduce las comisarías. El otro ariete es (Néstor) Roncaglia quien maneja los sistemas de investigación compleja y es tan empleado de la DEA como del Ministerio de Seguridad. Los dos hombres fuertes que están al frente de una nueva policía y de actuación contra el narcotráfico han sido los comisarios privilegiados de la última etapa de la gestión kirchnerista. Estaban con Berni y están con Macri. La política no está al frente de esta reforma.
—Si esto es así, ¿qué rol le adjudica a la ministra Patricia Bullrich?
—Bullrich delegó estos asuntos por decisión de Macri. El tema lo maneja Calviño. Va a quedar una policía para la Capital Federal y con el remanente se creará una Agencia de Lucha contra el Narcotrafico que tendrá el patrocinio de la DEA. Esa es la razón de la proliferación de los operativos antidroga de la Policía Federal que descubrió hace un año que hay droga fuera de la ciudad de Buenos Aires. Lo que va a hacer Calviño es absorber a la Policía Metropolitana (PM) y extinguirla porque a este oficial le disgustan algunos parámetros organizacionales de la PM: conducción civil; estructura administrativa no policial separada del circuito operacional, control externo que no depende de la policía sino de una auditoría con un tribunal adversarial donde se ventilan las faltas graves, una política de género que obliga a la designación de mujeres en cargos jerárquicos. A Calviño no le interesa eso por lo que liquidará a la Metropolitana.
—Usted dijo que en seguridad el kircherismo realizó reformas declamativas sin ninguna transformación de fondo.
—Mi crítica puede cerrarse con la última etapa de la gestión de (Sergio) Berni, que fue la comisarización de la política, que continúa Patricia Bullrich como su gran discípula. El rasgo es que el decisor politico se pone la gorra del comisario. Si uno se calza un traje de operaciones especiales como hizo Bullrich en Salta; o se presenta cuando detienen un gran narco y ordena que lo saquen para los fotógrafos, como hacía Berni, uno se mimetiza con la conducción policial. Es gestión mediática de la seguridad y vaciamiento de la conducción política. Lo que hizo Berni no implica haber generado ningún mecanismo de afirmación para el poder político en la gestión. Berni mostró cómo adquiría cámaras, patrullas, equipamiento. De reaseguro institucional para el control civil de la seguridad, nada (F: La Capital).
