Los aumentos en las tarifas eléctricas continúan generando revuelo a nivel provincial. El rol del gobierno santafecino y el de la EPE fueron el centro de atención, con visitas de directivos de la empresa estatal a la legislatura y la presentación de un panorama que no parece tener solución. Hasta el momento, las boletas llegaron con un 30% de incremento para diciembre y se espera para abril una nueva suba del 58% para los residenciales, lo que acumularía un aumento por encima del 100%.
“Nosotros presentamos un proyecto convocando al presidente de la EPE, fue aprobado por unanimidad, para que nos explique las tarifas. En esa oportunidad, nos comentó que ellos hicieron un cálculo y en vez de mil millones, tendrían que pagarle por encima de cuatro mil a Camesa. Y lo que hicieron fue descargar sobre las boletas 3800 millones. Si ingresamos a la reunión preocupados, salimos más preocupados todavía. Nosotros presentamos un proyecto para que no se aplicara el aumento, porque va a ser impagable. Sostenemos esto porque descargar eso que la EPE tiene que pagar de más de forma automática sobre los usuarios va a ser una carga muy grande y hay que buscar alternativas”, comenta Rubén Giustinia
ni, diputado provincial por el Partido Socialista.
La EPE es de propiedad estatal, sin embargo, la lógica de funcionamiento, descargando sus costos sobre los usuarios, reproduce mecanismos propios del capital privado. “Nosotros planteamos también un marco regulatorio de servicios públicos para que no pueda producirse un aumento tarifario sin una audiencia pública obligatoria, vinculante, donde se explique el asunto. Es una cuestión de decisión política de un gobierno aplicar un aumento tarifario y en qué contexto se hace”, explica el exsenador nacional.
Existen otras opciones para conseguir fondos, como por ejemplo la modificación del esquema de exenciones impositivas a nivel provincial, que deja libre del pago de ganancias a las grandes cerealeras que ostentan niveles de rentabilidad más que significativos. “Yo creo que todos tenemos la misma mirada que no puede haber exenciones de grandes grupos económicos que no tributen como tributamos todos. También tenemos que considerar que la Provincia está recibiendo un ingreso extra de casi 700 millones de pesos mensuales que no estaban en el presupuesto 2016, gracias al fallo de la Corte por la coparticipación. Estamos en una situación iscal bastante mejor desde el punto de vista de lo que se había discutido en el presupuesto. Eso nos posibilita buscar otras alternativas, incluso previendo otras quitas de subsidios”, cierra.
