El noveno juicio contra represores de la dictadura en Rosario, conocido como Guerrieri III, comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación y un episodio que derivó en la expulsión de dos de los diez imputados. Este jueves, el ex teniente Juan Amelong mostró un cartel con la leyenda “Macri Miente? Sigue el curro” y desde el tribunal lo hicieron retirar por la Gendarmería.
Con demoras para su inicio, y bajo un cielo encapotado que rápidamente comenzó a garuar –razón por la cual se suspendió la radio abierta prevista–, el tercer juicio oral y público que tiene como protagonistas a integrantes del Batallón 121 de Inteligencia del Ejército dio sus primeros pasos a media mañana de este jueves, cuando el secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal N° 1, Osvaldo Facciano, emprendió la larga lectura de los distintos requerimientos de elevación a juicio.
Antes de la lectura de los requerimientos, se produjo en pequeño dislate cuando el Amelong exhibió el cartel, razón por la cual fue expulsado por el tribunal. Mientras el represor era llevado por los gendarmes, comenzó a disparar una serie de improperios hacia los jueces, en los que se alcanzaron a escuchar quejas por el lugar de detención al que fueron traídos los acusados desde el penal Marcos Paz: la cárcel de Piñero.
Por sus gritos, se entendió que al parecer, los baños de la cárcel santafesina no son los suficientemente higiénicos para Amelong, observación con la que coincidió el mayor (RE) Jorge Alberto Fariña, otro de los imputados, quien que al igual que su camarada de armas empezó a quejarse y también fue desalojado.
Facciano leyó parte de las acusaciones de la fiscalía y las querellas, contra los diez los represores acusados por crímenes de lesa humanidad como homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos, que fueron cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia contra 47 víctimas del Terrorismo de Estado, 24 de ellas desaparecidas.
Además de Amelong y Fariña, los imputados son los militares (RE) Pascual Oscar Guerrieri, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza y los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach (quien además fue comisario de la policía provincial).
Entre otros delitos, en el proceso se investigarán los asesinatos y desapariciones de Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand De Del Rosso, Carlos Rodolfo Juan Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Ángela Carolina Negro, Marta María Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Rubén Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Víctor Traverso, Guillermo White, Fernando Feliz Agüero, Rubén Daniel Flores, Edgar Tulio Valenzuela –cuya desaparición ocurrió tiempo después de los hechos juzgados– y Jorge Luis Ruffa –sus restos fueron identificados–.
También se imputa a los acusados los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos de los ex detenidos y sobrevivientes Jaime Feliciano Dri, Carlos Alberto Novillo, Alejandro Luis Novillo, Graciela Inés Zitta, Susana Elena Zitta, Emma Stella Buna, Rafael Bielsa, Carmen Cantalejo, Patricia Beatriz Coria, Francisca Daniela Domínguez, Mercedes Domínguez, Eduardo Francisco Ferreyra, Daniel Ángel Luis Fuhr, Diego Aníbal Walter Fuhr, Juan Carlos Gesualdo, María Amelia González, Luis Megias, Viviana Nardoni, Adriana Del Huerto Quaranta, Laura Esther Repetti, María Luisa Rubinelli y Elena Sarnari.
El tribunal está integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. La acusación está a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, a cargo de Adolfo Villatte.
Los querellantes Alicia Gutiérrez, Eduardo Leandro Toniolli, Fernando Dussex, Sebastián Álvarez, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Pablo Del Rosso, Ignacio Laluf, María Rosa White, son representados legalmente por Nadia Schujman, Matías Gomez, Sofia Barros Fosin y Franco Porporato –integrantes del equipo jurídico de la organización Hijos–. Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano son los abogados por la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Dos “enfermos”
En la audiencia de este jueves no estuvo Guerrieri, el más connotado de los imputados. Según explicó su defensor Gonzalo Miño, su ausencia se debió a una indisposición de salud, que acreditó con documentación.
En la jornada también se expuso otro problema sanitario, en este caso sobre la presunta debilidad mental de Pelliza. Su defensa presentó el pedido de que sea apartado del juicio por que el reo no estaría en sus cabales. Sobre ese punto el tribunal informó que el asunto se resolvería en las próximas jornadas.
Fuera del tribunal
A pesar de la lluvia, que hizo suspender la radio abierta convocada por el Espacio Juicio y Castigo –que nuclea a organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas de la ciudad–, el “aguante” a los testigos y querellantes se hizo de todos modos.
Entre los presentes en la puerta de los tribunales federales de calle Oroño, estuvieron además de los habituales representantes del Espacio Juicio y Castigo, testigos, querellantes y referentes políticos, integrantes del Comité por la libertad de Milagro Sala y de el grupo Documenta Baigorria, quienes aprovecharon el marco en el que se juzgan los delitos cometidos en La Calamita para insistir con la expropiación del predio, sobre el que se recordó que hay una promesa inconclusa del gobernador Miguel Lifschitz.
