(PR/NM) En una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto, el juez Leandro Martín homologó un procedimiento abreviado mediante el cual Marcelo Ariel Rodríguez aceptó su responsabilidad penal por una serie de delitos ocurridos en la ciudad de Villa Cañás que incluyen amenazas coactivas agravadas, lesiones leves dolosas y un intento de hurto agravado por la participación de un menor de edad, acordándose una pena única de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Larisa Barucca, quien reunió la evidencia que permitió acreditar los hechos y alcanzar el acuerdo que fue presentado para su homologación ante la Justicia.
Uno de los hechos de mayor gravedad ocurrió el 7 de junio pasado, cuando Rodríguez, acompañado por su hijo, interceptó en la vía pública al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Cañás, Cándido Santa Cruz, para exigirle que eliminara las multas de tránsito que pesaban sobre él. El funcionario fue amenazado de muerte y agredido físicamente, sufriendo diversas lesiones que fueron constatadas por personal médico.
La investigación reunió una importante cantidad de evidencia, entre ellas la denuncia de la víctima, informes médicos, registros de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y actuaciones policiales que documentaron el desarrollo del ataque. Las imágenes permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y corroborar la agresión denunciada.
El acuerdo también comprende otro hecho anterior, ocurrido en agosto de 2023, relacionado con un intento de sustracción de autopartes en el puesto policial de Santa Emilia, cometido junto a otras personas, entre ellas un menor de edad.
Desde la Fiscalía destacaron que este caso constituye un mensaje claro de que las amenazas, la violencia y los intentos de condicionar el accionar de los funcionarios públicos mediante intimidaciones o agresiones recibirán una respuesta penal firme.
Con esta actuación, el Ministerio Público de la Acusación reafirma su compromiso con la persecución de los delitos cometidos mediante violencia e intimidación contra funcionarios públicos, garantizando que este tipo de conductas reciban una respuesta judicial acorde a su gravedad.
