(PR/Norma Migueles) Este lunes, se desarrolló en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia preliminar en la causa que investiga la fiscal Mayra Vuletic contra Antonio D. B. por 31 casos de estafas y tentativa de estafa; Roberto N. por 18 casos de estafas reiteradas; Raúl J. por dos estafas; y Marcelo S. por un caso de estafa y tentativa de estafa.
La demora en el inicio de la audiencia (casi tres horas, ya que la fiscal de la causa estaba en otra audiencia) generó la protesta de Lucio Rossini, defensor de Antonio D. B., quien solicitó al juez de la causa, Dr. Mauricio Clavero, la suspensión de la audiencia, pedido al que se sumaron los defensores públicos que asisten a los otros imputados. Sin embargo, la fiscal Vuletic se opuso y recordó a Rossini que la audiencia se postergó por más de seis meses, por requerimiento de la defensa, y, en consecuencia, consideró que ya es tiempo de avanzar en el proceso.
El magistrado hizo lugar al planteo fiscal y la audiencia que pone la causa en condiciones de que se presenten las pruebas para luego ir a juicio, continuó sin inconvenientes.
Tras la presentación de la fiscal, quien indicó que el imputado Antonio D. B. estaba acusado en 31 hechos de estafa, falsedad ideológica y tentativa de estafa; Roberto N. por 18 hechos de estafa; Raúl J. por dos hechos de estafa y tentativa de estafa; y Marcelo S. por un hecho de estafa y tentativa de estafa.
Rossini, solicitó el sobreseimiento de los hechos imputados, argumentado que había prescripto atento a los años trascurridos desde su cometido. El debate con la Fiscalía se centró en cuestiones técnicas e interpretaciones de la ley.
Por su parte, el defensor de Marcelo S. planteó que el tema por el que se lo imputa ya fue resuelto en causa anterior.
Cabe aclarar que los imputados Antonio D. B. y Raúl J. asistieron en forma remota: el primero, desde la cárcel de Piñero donde está cursando una pena de 12 años, mientras que el segundo se encuentra en Rosario con prisión domiciliaria -por la misma causa- condenado a 10 años de cárcel.
En tanto, Marcelo S. también fue condenado, pero por el monto de la pena de un año y seis meses no quedó detenido. Los tres fueron partícipes de la organización que se dedicaba a estafar personas en el marco de la denominada «Megaestafa Inmobiliaria».
