La histórica abogada de la agrupación HIJOS Rosario y querellante en juicios por delitos de lesa humanidad Nadia Schujman sostuvo que la causa en la que fue imputada esta semana por presunta «violación a la ley de Inteligencia» durante su paso por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe «es un armado político».
«Como hay un interés político tan grande, y esta causa es un armado, se instrumentaliza la Justicia con intereses espurios», señaló la abogada en diálogo con Télam.
Schujman fue imputada el martes pasado, junto al exministro de Seguridad santafesino Marcelo Sain, y otros cinco miembros de su equipo, por conformar una supuesta asociación ilícita que cometió espionaje ilegal y violación de secreto.
La causa se inició en agosto el año pasado con la denuncia de un exfuncionario radical durante los gobiernos del Frente Progresista, y derivó en un allanamiento sin testigos -según consta en el acta de procedimiento- a las oficinas de la cartera de Seguridad en Rosario, en noviembre de 2021.
Si bien el fiscal Ezequiel Hernández notificó a Sain y a sus antiguos colaboradores de que estaban siendo investigados, la audiencia de imputación recién se realizó un año después de aquel allanamiento, cuando el tema había crecido en la prensa local como un caso de «espionaje ilegal».
«Estuvieron durante un año en una excursión de pesca intentando construir algo, después de haber hecho ese allanamiento ilegal y batido el parche en los medios», indicó Schujman, que durante la gestión de Sain fue encargada de la Agencia de Control Policial.
Desde esa función se iniciaron varias investigaciones, entre las cuales abogada resaltó una en la cual se descubrió el uso de un millón de pesos en gastos reservados del Ministerio para pagar los honorarios de la defensa de cinco policías de Asuntos Internos. Los efectivos estaban involucrados en la causa que se sigue por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, un joven bonaerense detenido en una seccional que apareció flotando en el río Paraná, en octubre de 2014.
Hace un año comenzó el juicio oral por el caso Casco, que aún se desarrolla, y que tiene a 17 policías de la comisaría 7ma de Rosario y de Asuntos Internos acusados por esa muerte.
La investigación por el uso de fondos reservados, recordó Schujman, desembocó en una denuncia penal contra varios exfuncionarios, entre ellos el entonces ministro de Seguridad, el radical Maximiliano Pullaro, hoy en las filas de Juntos por el Cambio (JxC).
El día del allanamiento a las oficinas de Seguridad en la causa por el presunto espionaje ilegal, Pullaro fue quien anunció, cuando aún no había terminado el procedimiento, que se habían secuestrado «miles de carpetas» con datos de opositores y empresarios.
Para Schujman, el caso tiene «todos y cada unos de los condimentos del lawfare», al considerar que «los medios de comunicación han instalado una culpabilidad y subvertido la presunción de inocencia».
«Me han condenado a través de los medios y recién ahora comienza lo judicial. Se violaron todas las garantías constitucionales, como el debido proceso, la inviolabilidad de la defensa en juicio, la igualdad ante la ley, el derecho a la intimidad y la propiedad y el juez natural», remarcó Schujman.
La histórica abogada de organismos de Derechos Humanos sostuvo que se trata de un caso de «persecución política», que puede apreciarse «en quiénes son los querellantes de la causa».
«Si uno mira quiénes están del otro lado tiene un panorama claro. El ex ministro de Seguridad y jefe de la bancada opositora en Diputados, Maximiliano Pullaro, el dueño del multimedios monopólico de esta provincia, Gustavo Scaglione (titular de Televisión Litoral y el multimedios La Capital, entre otros), que además estaba muy preocupado porque estaba siendo investigado», sostuvo.
También mencionó a «dos abogados vinculados con el levantamiento policial de septiembre de 2020» y a uniformados que se constituyeron como querellantes en esta causa por supuesto espionaje ilegal, debido que habían sido incluidos en «perfilamientos» que se realizaron durante la gestión de Sain.
Para el fiscal Hernández, que investiga el caso, algunos de esos perfilamientos se habrían hecho sin autorización judicial, mientras que los acusados afirman que fueron realizados en el marco de las funciones legales que disponía la cartera.
«Quien hace la denuncia penal, quien hace el allanamiento, quienes declaran en la causa y quienes hacen las pericias es gente del Organismo de Investigaciones (la policía judicial del Ministerio Público de la Acusación), que son todas personas contratadas por Pullaro (cuando era ministro) y que la mayoría militan en ese espacio político. Algunos incluso han sido candidatos», contó Schujman a esta agencia.
«Esos argumentos hacen que muy fundadamente vea una persecución política», abundó.
La mayor parte de la evidencia expuesta por el fiscal Hernández en la audiencia de imputación del martes surgió de audios del teléfono personal de Schujman, secuestrado en noviembre de 2021.
El «crudo» de esa extracción fue entregado por la Fiscalía a los querellantes, entre ellos el empresario Scaglione, que difundió en sus medios «audios privados» y que «nada tienen que ver con el objeto procesal de la causa».
«Con la extracción de ese teléfono, secuestrado y peritado de manera ilegal, se entregaron a particulares dos años y medio de conversaciones privadas y también de documentación y conversaciones con fiscales provinciales y federales, en las cuales hay tareas de un lugar tan sensible», recordó Schujman sobre su actuación en el control policial.
Allí había «un montón de datos que tienen que ver con investigaciones en curso», dijo, para alertar que «me han puesto en riesgo, porque los sectores más peligrosos de la Policía saben ahora con nombre y apellido, foto y domicilio, quiénes son las persona que llevaron adelante esas investigaciones, que además las destruyeron porque los investigados ya lo saben».
Por último, la abogada consideró que la causa representa un mensaje para quienes investiguen la relación de la narcocriminalidad con sectores del poder político, judicial y empresarial.
«Nosotros tocamos intereses que comprometían a parte del poder político de la provincia, y también del Poder Judicial y empresarial. Entonces hay que sacarnos del medio de la manera más violenta posible y que todo el mundo reciba el mensaje que con eso no hay que meterse», aseguró.
Fuente: Télam digital
