(PR) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció la eliminación de la obligación de registrar contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales, en un movimiento que busca simplificar los trámites y reducir la carga administrativa para los contribuyentes.
Esta medida, implementada a través de la Resolución General N° 5545/2024, suprime el requisito de informar todas las operaciones concertadas entre locadores y locatarios ante el «Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles» (RELI).
Sin embargo, es importante destacar que la registración seguirá siendo necesaria para acceder a beneficios fiscales en ciertos regímenes e impuestos.
El impacto de esta medida en el mercado de alquileres ya es visible, “con más del 80% de las propiedades del mercado puestas en alquiler desde la derogación de la Ley de Alquileres”, aseguró el corredor inmobiliario, Eduardo Di Nardo.
Di Nardo explicó que “esa normativa regulaba que los locadores, cada vez que realizaban un contrato de locación tenían que inscribirlo en la AFIP, caso contrario, se si tenía que hacer alguna demanda por cobro, daños o por cualquier otra posibilidad a cambio de uso, el juez interviniente no le iba a dar curso a la demanda si ese contrato no estaba debidamente inscripto”.
“Esto hacia que las propiedades no aparecieran en alquiler porque la gente ante tanta presión sea impositiva o de otro tipo de situaciones, se sentía obligada a sacar las propiedades del mercado locativo”, sumó Di Nardo y celebró que “las partes se hayan podido poner de acuerdo. Nosotros en las inmobiliarias tenemos prácticamente una morosidad muy baja y han entrado desde la derogación de la Ley de Alquileres más del 80% de las propiedades del mercado de alquiler. Antes salían y no se alquilaban porque la gente se volcaba a al alquiler temporario. Gracias a Dios el mercado de alquileres se ha podido restablecerse normalmente”.
La eliminación de esta obligación es un paso hacia la simplificación y la reducción de la burocracia, lo que puede contribuir a un crecimiento económico más dinámico y a una mayor transparencia en el mercado inmobiliario.
