En audiencia imputativa realizada ayer en los Tribunales de Rosario, el juez Alejandro Negroni dispuso la prisión preventiva sin plazos para siete de los nueve imputados por el millonario fraude automotor en Rosario (la estafa superaría los 600 millones de pesos). Tres de los imputados son venadenses, entre ellos Alexis Guarda, nombrado como el jefe de la banda y actualmente prófugo. Los otros dos son: el reconocido Nelson “Coqui” Ugolini (37), ya estuvo involucrado en otra resonada causa, y Camila Giselle Mendoza.
Lo cierto es que en la audiencia de ayer los fiscales Pablo Lanza y Fernando Dalmau expusieron evidencias de los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas por abuso de confianza, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y amenazas simples. Hasta el momento, se analizaron unas 37 denuncias de damnificados, pero se esperan que se sumen otras en los próximos días.
Los nueve imputados son: Andrés Javier Alarcon, Roberto Ayrton Pereyra, Walter Ríos, Maximiliano Hernán Alarcon, Leandro Salom Jaquet, Diego Alberto Ceferino Gordillo, Fernando Andrés Ortellano Rodríguez y los mencionados Ugolini y Mendoza.
El papel de los oriundos de Venado Tuerto
Alexis Guarda, quien se hacía llamar como Rodrigo Dipp, está prúfugo. De hecho, los fiscales adujeron que el cambio del nombre del cabecilla de la banda se debe que desde diciembre de 2022 tenía pedido de captura de la Fiscalía de Santa Fe, por protagonizar una causa similar, conocida como “Vendo tu auto”, por la que fueron detenidos todos sus empleados.
Por su parte, Nelson Ugolini, no es la primera vez que aparece en una resonante causa judicial, ya que quien en su carácter de empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario (fue secretario del destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad) culminó imputado por trasmitirle información sobre una investigación a Leonardo Peiti, el zar del juego clandestino que luego caería en desgracia. De hecho, estaba en libertad en espera del juicio –con pedido de pena de cinco años de prisión– en la mencionada causa. Sus comienzos en la carrera policial fueron en los Tribunales de Venado Tuerto, donde comenzó como pasante y luego ingresó como empleado en la Cámara Penal.
El celular de Ugolini, quien permanecía alojado en la Comisaría 2ª, podrá ser objeto de un eventual peritaje por parte de los investigadores, según resolvió el juez Negroni, que tuvo presente la petición del penalista José Luis Giacometti con relación a que el análisis se circunscriba sólo a aquella información relacionada con la causa en investigación.
El celular de Ugolini, quien permanecía alojado en la Comisaría 2ª, podrá ser objeto de un eventual peritaje por parte de los investigadores, según resolvió el juez Negroni, que tuvo presente la petición del penalista José Luis Giacometti con relación a que el análisis se circunscriba sólo a aquella información relacionada con la causa en investigación.
Entre otros delitos, a Ugolini le atribuyen, como abogado de las concesionarias de Alexis Guarda, haber intentado desviar reclamos y haber amenazado, amedrentado, intimidado y atemorizado a víctimas que reclamaban a la concesionaria de autos de Pellegrini 3100, que el 24 de julio fue escenario de un encendido reclamo de damnificados, ocasión en que fueron detenidos los empleados Camila Mendoza, Walter Ríos, Roberto Pereyra y Andrés Alarcón, todos ahora en prisión preventiva.
En tanto, la otra venadense, Camila Mendoza, fue imputada por integrar la asociación ilícita en carácter de miembro y aparece nombrada como la mano derecha de Guarda. De hecho, le atribuyen que se presentaba como presidente de la Cooperativa de Trabajo MEC Limitada (Av. Pellegrini 3112 de Rosario). Además, los fiscales la acusaron de ser quien dirigió varias de las negociaciones, dándose a conocer en reiteradas oportunidades como síndica, gestora y abogada de dicha concesionaria. Como tal, recibía transferencias bancarias concertadas en las operaciones y también recibió dinero efectivo de las víctimas. Además, atendía al público, recibía vehículos, y concertaba distintas operaciones fraudulentas.
Los otros
Los otros acusados que seguirán detenidos sin plazos son Maxilimiano Alarcón y Leandro Jaquet, señalados como cómplices de las estafas pergeñadas por Guarda. Mientras que los identificados como Diego Ceferino Gordillo y Fernando Ortellado Rodríguez, vendedores de vehículos, seguirán detenidos por un mes. Una imputada, identificada como Camila Dávila, se encuentra prófuga.
La imputación señala que la asociación ilícita del prófugo Guarda operó desde diciembre de 2023 y estaba destinada a obtener un provecho patrimonial ilícito e injusto mediante el abuso de confianza que generaban las fachadas de los locales comerciales que utilizaban en Pellegrini al 3100 y 4800 e Independencia al 3200.
Los fiscales dijeron que las víctimas, unas 37 al momento, confiaron en que se destinaría su dinero a la concreción de adquisiciones de automotores, pero fueron defraudadas.
Algunos imputados se contactaron por Marketplace u otras redes con interesados en vender su auto usado, pidiéndoles que se apersonen en la concesionaria a negociar el precio y aduciendo que tenían compradores y con ello les hacían suscribir contratos de consignación y le solicitaban la entrega del rodado con su documentación y fotocopia del DNI, suscripción del formulario 08.
En ocasiones, los imputados retiraban rodados de la concesionaria sin autorización de los propietarios e infringían normas de tránsito, llegando en ocasiones a que personal de Tránsito secuestrara el rodado, lo que generaba una importante deuda de dinero por la multa en cabeza de la víctima.
En otros casos, las víctimas compraban en la concesionaria un rodado usado, suscribiendo un contrato de compraventa automotor, en el que se establecía el rodado y la forma de pago. Así entregaban una suma de dinero a cuenta en efectivo por la adquisición del coche y el plan de pago, siendo que posteriormente no cumplían con lo pactado y con la entrega del rodado.
Otras víctimas entregaban el auto suscribiendo un contrato de compraventa en el que se detalla la forma de pago con el rodado que entrega, y se establecía una suma en un crédito prendario y el resto por entrega por transferencia bancaria, pero el auto pactado no se le entregaba ni tampoco se le devolvía el rodado entregado.
Fuente: Venado24.
