(PR/NormaMIgueles) En la jornada del martes se llevó a cabo en el tribunal de Faltas de la Municipalidad de Venado Tuerto la audiencia en la que una mujer, propietaria de un geriátrico ubicado en Aufranc al 100 clausurado la semana pasada, fue entrevistada por el juez Stefano Quaglia.
“Ayer martes 29 tuvo lugar la audiencia en este Juzgado, donde la mujer denunciada tuvo derecho a expresarse en su defensa, asistida por su asesora legal”, explicó el funcionario, quien posteriormente adelantó que, si bien el geriátrico ya está clausurado por la municipalidad, se le prorrogó el plazo para retiro de algunos de los ancianos, cuyos familiares no viven en la ciudad o son de otras provincias.
“El viernes pasado el municipio clausuró este lugar de alojamiento y cuidado de ancianos, atento a que se hicieron varias denuncias en Fiscalía en los últimos meses referidos a malos tratos a los abuelos. En la oportunidad se le dieron 48 horas para el desalojo de las 10 personas alojadas. En este punto cabe aclarar que las áreas de salud y acción social del Municipio colaboraron contactándose con los familiares informándoles de la situación y solicitando su retiro”, explicó Quaglia.
El funcionario indicó que el trámite continúa a cargo de la Fiscalía, que ya inició una investigación, luego de recepcionadas las denuncias, y se espera una respuesta en el término de 10 días hábiles para determinar si continua la clausura o se levanta la restricción.
DENUNCIAS
El juez de Faltas indicó que se decidió tomar la medida tras el ingreso de, por lo menos, cuatro denuncias de familiares y también de personas que trabajaron en el lugar respecto a malos tratos que recibían los ancianos alojados en el lugar de parte de la propietaria. El tribunal recibió también un informe de la mesa que integran la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad, la Provincia , la Defensoría y el MPA, con la que habitualmente se trabajan estos temas.
“Esa una clausura preventiva se extiende hasta que se determine si existió la situación denunciada” señaló Quaglia, quien aclaró que administrativamente el local estaba habilitado y que tenía alojada 10 personas, justo en el limite permitido por el factor ocupacional.
Finalmente, Quaglia instó a las familias a ser los primeros “inspectores” sobre el cuidado y situación en la que se encuentran los abuelos, ya que según evaluó, una mirada periódica permite detectar si reciben la alimentación e higiene adecuada, por ejemplo.
EN FISCALÍA
La investigación sobre las denuncias radicadas en el MPA recayó en el fiscal Horacio Puyrredón, quien aclaró que la causa está en una etapa investigativa a cargo de la AIC y de acuerdo a los resultados obtenidos se determinara si corresponde una imputación o no a la responsable del hogar.
“Por ahora no podemos hacer ninguna valoración, estamos a la espera de los resultados de medidas que hemos solicitado, tras la recepción de denuncias por lesiones graves. También recibimos el informe de la clausura que realizó la Municipalidad”, detalló el fiscal.
