La medida tiene como objetivo contribuir al esclarecimiento del hecho y a la adopción de nuevas diligencias probatorias tendientes a dilucidar aquellos puntos que surjan durante su desarrollo.
El titular de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristian Rachid, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, integrantes del equipo fiscal que investiga la desaparición de Guadalupe Belén Lucero Cialone, ordenaron la realización de una reconstrucción de las circunstancias que rodearon la desaparición de la niña, ocurrida hace exactamente hace un año en el barrio 544 viviendas de la capital provincial.
La medida tiene como objetivo contribuir al esclarecimiento del hecho y a la adopción de nuevas diligencias probatorias tendientes a dilucidar aquellos puntos que surjan durante su desarrollo. Su realización está prevista para las próximas semanas.
El operativo fue encomendado a la División Criminalística de la Gendarmería Nacional Argentina, con la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Etraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La fiscalía informó que, desde el traspaso de la investigación al fuero federal en diciembre de 2021, se relevaron todos los antecedentes de la investigación y las pruebas recolectadas por el Poder Judicial de San Luis, para lo cual se designó un equipo de trabajo que se abocó a la clasificación y sistematización de los documentos, de acuerdo con el tipo de diligencia.
Además, se recabaron cien testimonios de familiares y vecinos del barrio donde desapareció la niña, algunos de los cuales declararon por primera vez en el marco de estas actuaciones. Por otra parte, se realizaron evaluaciones psicológicas a niños, niñas y adolescentes que estuvieron presentes al momento del hecho y que podrían participar en la medida.
En el caso también se dispusieron numerosas medidas de prueba y análisis, en cuya realización se encuentran colaborando activamente la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a quien se encomendó el análisis de más de 90 dispositivos electrónicos, y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO).
